Federalismo: no es declamarlo, es ejercerlo

Tanto el Gobernador de Río Negro Alberto Weretilnek, como su vice, Pedro Pesatti, han comenzado a declamar en defensa del Federalismo. Incluso éste último publicó recientemente una nota titulada “Federalismo sin ciudadanos”, ambos denuncian con tono grave el vaciamiento del federalismo argentino, la desigualdad territorial y la falta de una ciudadanía plena. Lo curioso es que quienes hoy se presentan como defensores del federalismo fueron durante casi dos décadas parte activa del mismo poder político que, desde Río Negro, no solo convalidó ese modelo centralista que hoy critica, sino que se benefició sistemáticamente de él.

El federalismo argentino no se vació en el aire. Fue vaciado por dirigentes que aceptaron pasivamente —o promovieron activamente— un sistema de dependencia fiscal en el que la Nación recauda, reparte discrecionalmente y disciplina a las provincias con fondos condicionados. En Río Negro, ese sistema se convirtió en norma: subordinación al poder central a cambio de cheques que financian déficits, nombramientos y obras públicas de dudosa reputación. ¿Quiénes lo sostuvieron? El partido que gobernó la provincia, el mismo al que ellos pertenecen.

Durante ese tiempo, el Congreso fue tomado como una escribanía, la Legislatura provincial como una caja de resonancia oficialista, y el discurso federalista se guardó bajo llave. Solo ahora que se discute una transformación profunda, ese discurso reaparece, funcional al statu quo.

Durante el kirchnerismo, el vaciamiento del federalismo adoptó formas todavía más perversas: la Nación enviaba fondos discrecionales directamente a municipios afines, pasando por encima de las provincias. No lo hacía por convicción federalista sino por conveniencia política. No se trataba de fortalecer la autonomía local, sino de comprar voluntades, disciplinar intendentes y usar el presupuesto nacional como una herramienta de construcción de poder partidario. Ese modelo, lejos de ser federal, fue una maquinaria de sometimiento territorial que degradó la institucionalidad y profundizó la dependencia política de muchas jurisdicciones.

Hablar de “federalismo real, con autonomía y responsabilidad” o de “ciudadanos sin federalismo” es conmovedor. Pero resulta cínico si viene de quienes jamás se preocuparon por darles a esos ciudadanos una provincia eficiente, austera y autónoma. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando se multiplicaban las estructuras políticas inútiles, se precarizaban los hospitales? ¿Dónde está cuando se recurre a cometer un Delito y se jubilaba a los docentes con aportes no remunerativos, hipotecando el futuro previsional Nacional? ¿Dónde estaba ese “humanismo federal” cuando se firmaban convenios con ANSES para entregar coparticipación a cambio de deuda generada por propia ineficiencia?

El gobierno nacional actual no propone destruir el federalismo, como algunos intentan instalar. Propone reconstruirlo desde sus cimientos, devolviendo a cada provincia la responsabilidad por sus impuestos y por sus gastos. Porque no hay autonomía sin responsabilidad. Un paso clave para lograrlo es avanzar hacia un IVA federal unificado, que reemplace la coparticipación por un esquema de reparto transparente y previsible, basado en el Convenio Multilateral, donde cada jurisdicción (incluida la Nación) tenga un coeficiente propio de asignación, determinado por el contribuyente según donde desarrolle su actividad.

 Con este sistema, las provincias dejarían de esperar transferencias discrecionales y pasarían a depender directamente de lo que producen, consumen y administran. Dependerían del nivel de actividad y consumo que se genere, también de su propia eficiencia para generar inversión privada dentro de sus territorios.

La coparticipación, en su formato actual, es el gran obstáculo para esa reconstrucción: genera provincias dependientes, gobernadores sin incentivos para ordenar sus cuentas, y ciudadanos confundidos que no saben a quién reclamarle.

 ¿Declaman federalismo? Que lo demuestren. Que se animen a avanzar hacia un sistema sin coparticipación donde cada provincia se haga responsable de lo que cobra y de lo que gasta. Porque ya es hora de terminar con el juego de culpas cruzadas entre Nación y Provincias, mientras en el medio los emprendedores, empresarios, profesionales y por sobre todo los ciudadanos pagan los impuestos, sufren la inflación y soportan sus gestiones ineficientes.

El federalismo verdadero no es una bandera que se agita en épocas de ajuste ni un poema nostálgico sobre la igualdad. Es una práctica institucional concreta: recaudar, gastar y rendir cuentas en el mismo territorio. No es más Nación o más Provincia. Es más ciudadanía responsable, menos privilegio compartido.

Quienes gobernaron durante décadas no pueden hoy erigirse como críticos lúcidos del sistema que construyeron. Mucho menos cuando eluden cualquier autocrítica y pretenden seguir administrando las consecuencias de sus propias decisiones como si fueran víctimas.

El federalismo no se declama. Se ejerce. Y eso exige coraje para cambiar un sistema viciado que beneficia a los que menos rinden cuentas. Justamente por eso el debate actual es tan valioso: por primera vez en mucho tiempo, se discute cómo hacer para que las provincias vuelvan a pertenecer a sus ciudadanos, y no a sus funcionarios.

*Contador Público, General Roca.