La coparticipación y los feudos provinciales
Muchos gobiernos provinciales aprovechan su estructura administrativa pública para capturar la demanda cautiva de votos que los sostienen .
La Corte Suprema, por unanimidad, le dio la razón en el reclamo a la ciudad de Buenos Aires y dictó una medida cautelar que ordena restituir a CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, que arbitrariamente el gobierno nacional le redujera al 1,40% para entregarle más fondos al gobierno de Axel Kicillof.
Dicho recorte fue realizado en el año 2020, en medio de la pandemia, sin considerar que la Ciudad de Buenos Aires financia con su presupuesto 35 hospitales de alta complejidad (14 hospitales generales de agudos, 2 hospitales generales de niños y 19 hospitales de especialización), que atienden a buena parte de la población de la provincia de Buenos Aires y a pacientes que acuden desde distintos puntos del país.
Además, la Ciudad de Buenos Aires, que no está sentada sobre yacimientos de petróleo y gas, y no tiene una economía regional como la producción de peras y manzanas, le aporta el 25% de la recaudación total de impuestos que percibe el Estado Nacional, y éste sólo le devuelve menos del 3% en concepto de coparticipación.
Coparticipación Federal: 28 años sin avances
La Coparticipación Federal es el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal, en virtud de una delegación efectuada por las Provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir el resto entre aquellas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (incorporada al sistema desde la reforma constitucional del año 1994).
Por Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, la distribución primaria será de: 42,34 % para la Nación, 56,66 % para las provincias y el 1 % restante al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En cuanto a las pautas de distribución, la Constitución establece que deberán adoptarse criterios objetivos de reparto que expresen una relación directa entre las competencias, servicios y funciones a cargo del Gobierno Federal, los Gobiernos de Provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y los recursos a percibir, debiendo además propender a una distribución igualitaria y solidaria tendiente a lograr un grado equivalente de desarrollo, de calidad de vida y de igualdad de oportunidades en toda la Nación.
La reforma constitucional de 1994 dispuso que debía dictarse una nueva ley de coparticipación. Pasaron 28 años y esto nunca se cumplió. Además, los distintos gobiernos nacionales han utilizado las transferencias no automáticas, sin criterio específico, pero con propósitos electorales o para conseguir votos en el Congreso.
Sin dudas, el esquema vigente de distribución profundiza asimetrías y desincentiva políticas públicas que lleven al desarrollo de recursos propios.
Los feudos provinciales
Existen provincias como Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero que conjugan dos aspectos negativos: 1) Los recursos de origen nacional representan entre el 80% y el 90% del total de sus ingresos tributarios. 2) La cantidad de trabajadores en la administración pública supera a la cantidad de empleo en el sector privado.
En consecuencia, estos gobiernos provinciales aprovechan su estructura administrativa pública para capturar la demanda cautiva de votos que los sostienen políticamente.
Existen provincias en Argentina que mantienen resabios feudales, donde determinados políticos se eternizan en el poder, perjudicando el normal funcionamiento de las instituciones democráticas: Gildo Insfrán (27 años gobernando Formosa); Capitanich en Chaco, los hermanos Rodriguez Saá llevan décadas en San Luis, la familia de Gerardo Zamora se reparte el poder en Santiago del Estero, etc, etc. Para salir adelante, es necesario hacerles entender a estos políticos, que no son dueños del Estado. Sólo cumplen un mandato, pero el mandante es la sociedad (los contribuyentes).
Sin plan de desarrollo
Muchos gobernantes y funcionarios utilizan la palabra ‘plan’ como marketing político, pero la realidad desnuda su fracaso. Concretamente, relacionado con el tema coparticipación, cada provincia debería explotar sus ventajas naturales competitivas, como el aprovechamiento de las materias primas e industrialización en origen; potenciando sus economías regionales y la ocupación de la mano de obra local.
Para ello, se requiere identificar y evaluar las inversiones prioritarias en infraestructura de base, necesarias para ese desarrollo productivo.
Reordenar el Estado en sus tres niveles
La próxima administración gubernamental deberá realizar una serie de reformas, entre ellas, un nuevo esquema de distribución de los recursos coparticipables, con criterios de cobertura de las funciones esenciales del Estado (educación, salud, seguridad), eliminando estructuras administrativas y políticas innecesarias, y con un criterio asignativo de regionalización para el desarrollo productivo y exportador.
* Exdirector Provincial de Presupuesto y Auditor Fiscal. Director Académico de ASAP Filial Comahue.
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