La guerra cultural no termina nunca


El borrador del fallo de la Corte de EE.UU. contra el aborto es ideológico y conservador, pero tiene buena argumentación jurídica y prístina visión constitucional, que lo harían difícil de derribar.


La guerra cultural es una continuación de las guerras de religión por otros medios. Las guerras religiosas ocuparon tres siglos (del XVI al XVIII). Fueron brutales. En una sola noche -la tristemente célebre Noche de San Bartolomé- en Francia mataron a 10.000 personas por no profesar la religión “verdadera”. Durante 300 años los países fueron a la guerra, torturaron a millones y mataron a cientos de miles de personas porque no profesaban las ideas que el grupo religioso dominante consideraba “correctas”. Las revoluciones de fines del siglo XVIII y comienzo del XIX pusieron fin a esa guerra, sustituyendo las violencia guerreras por los debates públicos que toleraban la presencia de los otros: fue la época de “la libertad de religión”.

Luego de dos siglos de relativa paz religiosa (muy relativa, porque la lucha ideológica en el siglo XX costó más de 100 millones de muertes) la vieja guerra religiosa tomó la forma de la guerra cultural.

Las guerras culturales que se han librado en el último medio siglo se caracterizan por muchas menos violencias físicas, pero son igualmente fanáticas y buscan imponer de la misma manera totalitaria que el siglo XVI su visión del mundo única y “verdadera”. Si bien se libran en todo occidente, suelen tener su comienzo y su desarrollo más conspicuo en los EEUU.

Ahora, después de casi 50 años en que los liberales de izquierda habían logrado uno de sus grandes triunfos culturales al imponer en EEUU el derecho de las mujeres al aborto a través de un fallo (luego confirmado por otro) de la Corte Suprema, es la actual Corte Suprema la que está a punto de derribar ese fallo y dejar el tema del aborto como una discusión que se debe dar en los congresos de los Estados federales y en el Congreso Nacional norteamericano.

Obviamente es un fallo ideológico que está embarcado en la guerra cultural (de la misma forma en que los dos fallos que legalizaron el aborto en 1973 y en 1992 también lo eran). Pero este fallo cuenta con muy buena argumentación jurídica y una visión constitucional prístina que lo haría muy difícil de derribar (a diferencia de los dos anteriores, que se basaron en supuestos que la Constitución de EEUU no admite). Casi nadie (ni en EEUU ni fuera de allí) se tomó el trabajo de leer el fallo (aun en borrador, pero ya publicado íntegro en politico.com).

Allí se puede leer este final de la argumentación realizada por el Juez Supremo Samuel Alito: “La Constitución no prohíbe a la ciudadanía de cada Estado reglamentar o prohibir, garantizar o limitar, el aborto. Roe y Casey -los dos fallos que legalizaron el aborto anteriormente- se arrogaron esa potestad. Nosotros anulamos esas dos sentencias anteriores y le devolvemos la autoridad al pueblo y a sus representantes.”

La argumentación de Alito se asemeja mucho a la de Cornelio Saavedra en el Cabildo Abierto del 22 de mayo (y quizá tenga un fuerza revolucionaria semejante): “Es el pueblo el que confiere el poder al Soberano y es el pueblo el que debe decidir qué hacer cuando el soberano no puede ejercer el poder”.

“El poder al pueblo”


La Corte Suprema norteamericana (actualmente con mayoría conservadora) toma las ideas revolucionarias de los padres fundadores y las esgrime para decir que el poder judicial -que no ha sido elegido por el pueblo y que no puede hablar en nombre del pueblo- no puede generar ni prohibir derechos al pueblo.

Solo los legisladores locales y nacionales -al ser representantes del pueblo- pueden hacer leyes en las que esos derechos (o su prohibición) se haga realidad.

La Corte dice que le devuelve al pueblo norteamericano un poder que le había sido arrebatado por un grupo de burócratas (los jueces de las anteriores Cortes). Es la guerra cultural a pleno, y con buenos argumentos en manos de los conservadores: todo el poder al pueblo.

La nueva Corte Suprema dice (veremos si cuando el fallo salga siguen sosteniendo lo mismo) que la Corte no se pronuncia sobre el aborto sino sobre la potestad de la propia Corte para generar o prohibir derechos que no están en la Constitución. Que eso lo deben hacer los legisladores, no el Poder Judicial.

Obviamente, las consecuencias serán negativas para la legalización del aborto: 26 de los 50 Estados norteamericanos ya tienen o están por aprobar leyes que limitan o prohiben el aborto.

El fallo de la Corte norteamericana es una estocada maestra de los conservadores en la guerra cultural, pero es una estocada muy difícil de criticar desde el punto de vista constitucional.

Si se lo hiciera, las consecuencias serían devastadoras: se permitiría que los jueces legislen a través de sus fallos. Lo cual sería mucho peor, como bien sabemos en la Argentina, donde esto sucede a cada rato.


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