La Libertad Avanza, La Cámpora también

La demora en las designaciones de delegados nacionales afecta la prestación de servicios en Río Negro. Un relevamiento detectó una modalidad repetida: funcionarios incorporados a planta en concursos virtuales y exprés.

El miércoles se cumplirá un mes desde la asunción del nuevo gobierno nacional. La fecha es una realidad para la Casa Rosada, para los ministerios y secretarías con sede en Buenos Aires, pero nada más que un registro lejano en las provincias, donde la designación de delegados a cargo de los organismos dependientes del Estado avanza a un ritmo tan cansino que preocupa.

Y esa preocupación no está centrada en las disputas políticas alrededor de los nombramientos -que existen y van creciendo en forma silenciosa- sino en el deterioro de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

En Río Negro recién se está completando un relevamiento de los puestos a cubrir y del escenario que aparece en cada una de las oficinas donde la Nación tiene que dar respuestas.

Las conclusiones preliminares inquietaron al equipo que trabaja con la diputada nacional Lorena Villaverde, porque además de la sensación de población excesiva en más de una dependencia, detectaron un patrón de conducta entre referentes de la gestión anterior: cuando llegó el 10 de diciembre del año pasado, no sólo tenían un cargo político sino que también estaba garantizada su estabilidad dentro de esas estructuras de la administración pública, porque a principios del 2022 se organizó un sistema de concursos virtuales y exprés en el que fueron incorporados a la planta permanente del Estado.

El caso más visible públicamente fue el de la excoordinadora ejecutiva del PAMI, Daiana Neri, pero referentes de La Libertad Avanza cuentan que advirtieron la misma modalidad en cinco sedes de Anses: Viedma, Choele Choel, Regina, Cipolletti, Bariloche.

Ese último organismo es epicentro de las mayores tensiones internas que afectan las prestaciones en la actualidad. Y en particular, desde la UDAI de Roca se encendieron las principales alarmas.

Después de la salida del extitular, Luciano Delgado, hacia la Legislatura, la transición quedó a cargo de una funcionaria de carrera, que intentó mantener sin alteraciones la gestión de trámites. Pero las trabas se fueron acumulando, por doble vía: un kirchnerismo todavía presente y con margen de acción, y un gremio en ebullición como ATE, que combate en terreno al nuevo gobierno. ¿El resultado? Esa mujer pidió licencia y si nadie interviene rápido, la anarquía interna será difícil de revertir.

Algunos sin renuncias, otros sin oficinas

Desde el sector libertario también se asombran por otras situaciones, donde directamente no hubo renuncias a los cargos políticos. Mencionan dentro de ese lote a la delegación roquense de Trabajo, donde Claudia Ramírez sigue en funciones.

Los ejemplos sobre lo complejo que será ver en acción un modelo de Estado diferente también aparecen en Desarrollo Social, ahora Capital Humano.

Allí no hay delegados designados, pero sumado a eso, en ciudades importantes como Roca no cuentan siquiera con oficinas, porque el alquiler del inmueble que ocupaban cayó hace dos meses y el personal trabaja desde sus casas. De ahí a pensar en un control efectivo sobre las contraprestaciones que deben cumplir los beneficiarios de programas sociales, hay un abismo.

Las demoras en las designaciones no son novedad, especialmente cuando existe un cambio de signo político. La gestión de Mauricio Macri hizo los nombramientos en Río Negro desde febrero del 2016. Y si bien en ese momento también se advirtió cierta colonización kirchnerista en los organismos, el escenario económico y social de este 2024 hace más urgentes las definiciones, porque la paralización de las respuestas del Estado puede significar un golpe mucho más fuerte para familias en situación de vulnerabilidad.

Lo que tampoco puede dejar de advertirse es que las pujas internas del nuevo oficialismo también inciden para que los nombramientos caminen lento.

“Sigilosamente” respondió un dirigente del PRO cuando le preguntaron cómo avanzaban los listados con potenciales delegados que ellos llevaron a Buenos Aires.

Una confirmación de que el Estado es un campo minado, donde los propios están blindados y los riesgos se cargan siempre en la cuenta de los indefensos que necesitan de sus servicios.


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