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¿Milei quiere realmente que se apruebe la Ley Ómnibus?

El presidente y su núcleo duro acumulan una serie de improvisaciones, irregularidades e inconsistencias, que hacen dudar del objetivo final. Anoche sumó una más: echó al ministro Ferraro.

El presidente Javier Milei consiguió, una vez más, confundir a todos ¿Tiene realmente interés genuino en que se apruebe la Ley Ómnibus a la que considera, como el DNU 70, urgente y necesaria? El tratamiento que su gestión le está dando al tema parece dejarlo expuesto, por la suma de irregularidades, contradicciones e improvisaciones, a futuras impugnaciones constitucionales y judiciales. Pero fundamentalmente pueden arriesgar, a todo o nada, el alto capital político que conserva desde su triunfo electoral.

Está claro que, como demostró desde sus primeros pasos, los tiempos y las virtudes republicanas no forman parte de su bibliografía para gobernar. Desde esa óptica podría entenderse el desprecio inicial a la función legislativa, consideración que ratificó al pedirle al Congreso la reforma de más de 640 artículos en un puñado de días.

¿En el mismo sentido debería comprenderse las amenazas a los gobernadores? Pese a las críticas inmediatas de sus aliados “disidentes”, parece que es la respuesta es: si. Pero Milei no solo justificó a su ministro de Economía, Luis Caputo, que vía X (la exTwitter) les avisó a los administradores provinciales que padecerán los recortes en caso de no avanzar la ley, sino que ayer lanzó ante sus colaboradores un mensaje sin los eufemismos del financista: “Los voy a dejar sin un peso”. La filtración terminó anoche con la salida del ministro Guillermo Ferraro.

Sus operadores habían negociado para conseguir un dictamen de mayoría. Pero las debilidades quedaron expuestas al nacer con más disidencias que apoyos: 34 de los 55 firmantes lo hicieron con reparos y advirtieron que no votarán lo que el Gobierno ratificó que no va a cambiar. Y pese a las negociaciones evidentes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, niega que se negocie en lo que parece un absurdo juego semántico que no hace más que sumar maltratos a sus aliados.

Aliados que el gobierno, pese a su inferioridad numérica legislativa, insiste en mantener en el destierro que le correspondería a la vieja política. Eso sin contar que Milei semanas atrás habló de “coimeros” en genérico al referirse… a negociaciones como las que vienen llevando en los últimos días por cuenta y cargo sus funcionarios directos.

Lo que pasados algunos días se empezó a conocer como el “dictamen en blanco” representa una irregularidad institucional con pocos antecedentes en la política nacional. Solo comparable con hechos nefastos cómo el diputado trucho durante el gobierno de Carlos Menem y las coimas con la Banelco denunciadas por el sindicalismo en la época de Fernando De la Rúa.

Adorni quizá se refería, con eso de que no negocian, a lo que ocurrió el miércoles pasado. El supuesto dictamen original de mayoría contenía 421 artículos, mientras el que apareció 13 horas después totalizaba 525. Las crónicas políticas adjudican la reescritura, como si tal cosa fuese un acto legal, al enojo del presidente por la resultante de sus negociadores.

Ese cambalache de rosca política y operadores, a todo lo que Milei dijo oponerse, terminó en el departamento de un viejo conocido: Cristian Caram, reciclado como secretario del bloque de Diputados libertario y con pesado pasado en la política porteña. Otro acto de casta, que el Gobierno busca esconder en el closet del subsuelo de la política negada.

La poda al extenso proyecto de ley involucró a la región: pesca y el subsidio al gas patagónico quedaron en medio del revoleo trasnochado de artículos. El recorte, que comenzó en el minuto cero del debate en el plenario de comisiones y siguió con el paso de los días, termina volviendo endeble el argumento de “no negociar” y de la propia “necesidad y urgencia” del masivo proyecto.

¿Qué es lo verdaderamente importante para el Gobierno de todos los cambios propuestos?

El ministro Caputo lo dejó en claro con su tuit: “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”.

Si los artículos económicos son lo importante, con suba de retenciones y eliminación de la fórmula de jubilaciones, por qué agregar decenas y decenas de otras reformas a un proyecto exprés e intentar hacerlo pasar con fórceps sin mayoría legislativa. Y además negando acuerdos y presionando gobernantes también legítimamente electos. Ahora que no solo los artículos económicos, sino todo el proyecto, corre riesgo de no conseguir los votos cabe preguntarse otra vez: ¿Quiere el gobierno aprobar la ley? ¿Qué es lo realmente importante y que necesita para gobernar? ¿Es la ley o lo importante es el clima de shock como cortina política de lo que vendrá?


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