Multas: una extorsión administrativa de dudosa constitucionalidad

Obtener o renovar una licencia de conducir debería ser un trámite sencillo, garantizado por el principio constitucional de libre circulación (art. 14 CN). Sin embargo, el sistema nacional de licencias, bajo la órbita de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se ha convertido en una trampa burocrática que condiciona ese derecho fundamental, al pago compulsivo de multas por presuntas infracciones.

El absurdo se materializa en la boleta del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): junto con el pago de la tasa administrativa obligatoria, aparecen cargadas automáticamente infracciones, sin sentencia firme, cuyo pago se vuelve condición sine qua non para avanzar con el trámite.

Y dice: “El no pago de la totalidad de los importes referenciados en la boleta de pago impedirá iniciar el trámite correspondiente a la Licencia Nacional de Conducir conforme lo establece la legislación de las juridicciones locales competentes”.

El mecanismo viola principios elementales.

• Presunción de inocencia: nadie está obligado a pagar una multa hasta tanto exista sentencia firme.

• Derecho de defensa en juicio: el ciudadano no puede discutir la validez de la infracción en un proceso antes de que la sanción se ejecute.

• Acceso a derechos: el Estado no puede condicionar un trámite habilitante a un pago coactivo de deudas controvertidas.

El resultado es una extorsión administrativa: o se paga la multa (aún dudosa o prescripta) o se pierde el derecho a circular.

El trámite está atado a una plataforma nacional que responde a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que en los hechos terceriza la ejecución forzosa de multas mediante un sistema informático centralizado.

La opacidad crece al observar que detrás de la operatoria técnica del sistema aparece la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), una entidad privada que no solo participa en la administración y soporte informático del CENAT sino que también en los convenios entre la ANSV, municipios y provincias. Sería prudente saber porqué una entidad privada administra (¿desinteresadamente?) un sistema estatal con facultades coercitivas sobre los ciudadanos.

Este episodio es solo un reflejo de un mal mayor: un Estado que no se concibe como garante de derechos, sino como recaudador compulsivo.

Primero crea el impuesto disfrazado de tasa (el CENAT), luego lo multiplica sumando multas sin sentencia, y finalmente bloquea el acceso a un derecho esencial.

El mensaje es claro: el Estado no confía en el ciudadano, lo presume infractor y lo obliga a pagar antes de poder defenderse. No estamos frente a una mera cuestión burocrática, sino ante una práctica inconstitucional que erosiona derechos. Está demás decir que los jueces federales deberían intervenir para frenar esta arbitrariedad mediante amparos y medidas cautelares mientras que la ciudadanía debe exigir transparencia, control legislativo y una revisión integral del rol de organismos nacionales para que la democracia no se vacíe de contenido y las libertades constitucionales se vuelvan un trámite bloqueado.

* Contador Público de General Roca