Reacción y decisiones tardías en el MPN
Gutiérrez dio un sorpresivo giro y mandó a renunciar al subsecretario de Diversidad, Adrián Urrutia, y al de Trabajo, Ernesto Seguel.
El gobernador Omar Gutiérrez recuperó la iniciativa esta semana para cortar una hemorragia que amenazaba con desangrar al MPN. No fue el escándalo de la causa de la estafas con los planes sociales, un margen que la política insiste en tolerar, fue una seguidilla de denuncias por abuso y acoso sexual la que obligó al mandatario provincial a reaccionar.
Tras las torpeza inicial de intentar vincular las denuncias con la interna partidaria y de dar señales de tolerancia injustificada, Gutiérrez dio un sorpresivo giro y mandó a renunciar al subsecretario de Diversidad, Adrián Urrutia, y al subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel. El primero vinculado políticamente a su hermano Pablo Gutiérrez Colantuono y el segundo con anclaje en el exgobernador Jorge Sapag, pero de aceitados vínculos con el petrolero Guillermo Pereyra.
La limpieza le sirvió a Gutiérrez para remover también, pero tardíamente, al ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y al director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, ambos vinculados, por su jerarquía en la estructura, con la estafa de los planes sociales.
¿Cómo puede interpretarse la reacción del gobernador?
En principio fue una señal de coherencia positiva, de las que no abundan en el gabinete de Gutiérrez, porque tener un ministerio de Mujeres y no tener acciones contundentes y claras ante temas centrales de injerencia, se transforma en una debilidad aguda para quienes dicen ser receptivos de las demandas que impone la agenda de género.
Cuando todo parecía recorrer los caminos de dilación y apañamiento, con los que suele blindarse el MPN, el gobernador presentó un protocolo para casos de violencia laboral y desvinculó a los funcionarios denunciados. La medida puede parecer tardía, pero mostró un cambio de actitud y un límite de tolerancia, a tal punto que apuró medidas en otros organismos oficiales donde también se conocían denuncias y no eran abordadas.
Políticamente el mensaje es positivo para la sociedad, pero internamente puede tener el efecto que imagina el gobierno y por el que hasta ahora parecía maniatado. El ocultamiento -a través de la burocracia de los expedientes internos- daba garantía a las líneas de poder internas del partido. Esta cobertura, que sin dudas sirve para ganar elecciones, deja una deuda enorme con la sociedad y, puntualmente, con las mujeres.
En cambio, las salidas de Di Luca y Soiza tienen menos que ver con las convicciones y más con el terreno electoral. La medida queda empañada por el paso del tiempo.
Como ocurrió en nuestro país y otras partes del mundo, las investigaciones de casos de abuso dejaron al descubierto redes de connivencia y blindaje que terminan desintegrándose y pulverizan poderes que, se pensaban, estaban sacralizados.
En cambio, la salida de Di Luca y Soiza tiene menos que ver con las convicciones y más con el terreno electoral. Ambos fueron sostenidos cuando se destapó la maniobra por la que se pueden haber fraguado hasta 500 millones de pesos. El mensaje era tan claro que la fiscalía llevó la investigación en marcha lenta y recién la semana pasada ingresó el oficio del Tribunal de Cuentas para conocer el estado de la causa.
El gobierno intentó sostener a sus funcionarios, de nuevo, bajo la artillería burocrática de los sumarios internos, la apertura a que el fiscal Pablo Vignaroli investigue y hasta una fallida entrevista con este medio donde, el ahora exministro, Di Luca quedó expuesto. Casi 90 días después se conoció una medida que de haber sido inmediata hubiese sido más sensata.
La corrección que hace Gutiérrez queda algo desdibujada por el paso del tiempo y porque la investigación no hecha luz sobre lo ocurrido: la salida del ministro y el director no terminan de explicar dónde está o para qué se uso el dinero que le quitaron a familias vulnerables. En cambio, el mensaje interno que envía, en momentos donde Rolando Figueroa intenta seducir a parte de la tropa oficialista, sí representa un acto de audacia electoral y también obliga al candidato opositor -quien vale recodar que nunca pidió renuncias- a definirse y no intentar capitalizar el oportunismo de la ruptura con la protección garantizada.
Adherido a los criterios de
Journalism Trust Initiative 
Comentarios