Río Negro y la mano que mece el piquete por alimentos

Una extraña composición tiene el mapa de los reclamos alimentarios en Río Negro.

Los indicadores de pobreza e indigencia encienden luces de alarma en todo el territorio, pero los reclamos por las fallas del Estado a la hora de atenuar las consecuencias emergen con llamativa periodicidad desde una sola ciudad: Roca. 

El gobierno provincial detectó esa nociva combinación entre la falta de comida y la política y buscó marcar límites. No hay recuerdos recientes de un ministro de Seguridad encabezando un operativo ante un corte de ruta y tampoco existió durante los últimos años un mensaje rígido, como el emitido el miércoles, afirmando que no habrá más intermediarios en la entrega de asistencia a las familias vulnerables. 

Esa postura tajante fue respuesta al bloqueo de la Ruta 6, a la altura del puente de Paso Córdoba, que fue la continuidad de otra protesta, realizada la semana pasada, con la ocupación de la sede administrativa del gobierno provincial en el centro roquense. 

La mano de la política partidaria detrás de esas manifestaciones es difícil de ocultar.  

Pero la complejidad que enfrenta la gestión de Alberto Weretilneck está basada en otro elemento novedoso: los hombres y mujeres puestos en la ruta no provienen de un mismo sector y sus terminales conducen a diferentes dirigentes, con grados de afinidad bien distintos con Juntos Somos Río Negro. 

Por un lado está la Corriente Clasista y Combativa, que en Roca forma parte del universo oficialista municipal e incluso logró que una referente ocupe una banca en el Concejo Deliberante.  

Si faltaba otra prueba, la intervención del legislador José Luis Berros en las negociaciones para evitar que los grupos especiales de la Policía desalojen por la fuerza el corte de la Ruta 6 exhibe la cercanía de una parte importante de esos manifestantes con el sorismo. 

Ahora bien, otra pata fuerte de las protestas se conforma con la Fenat, que está dentro de la CTA Autónoma y que ganó espacio en Roca cuando Miguel Báez y su Organización de Desocupados en Lucha perdieron amparo político y la Justicia avanzó con las causas penales que se acumularon durante largos años. 

En síntesis, el gobierno provincial recibe presiones y debe responder ante grupos que hacen pesar sus cercanías con la intendenta María Emilia Soria y con el titular de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar. 

La ilegalidad de las acciones que llevaron adelante, desde la interrupción del tránsito hasta la contaminación por los neumáticos prendidos fuego, bastaría para que la discusión por esos carriles se agote rápido, pero es evidente que el juego de fuerzas atado a la política incide para que los niveles de tolerancia se extiendan. 

¿Nadie conoce la demanda real?

Además, el gobierno provincial sabe que tiene puntos débiles en el escenario de la ayuda alimentaria. 

Sería vergonzante para el Ejecutivo tener que confirmar que, luego de 12 años con administración de un mismo signo político, el Ministerio de Desarrollo Humano no cuenta con un listado de comedores, merenderos y de sus beneficiarios. 

Si el pedido de esas nóminas fue una chicana para exponer a la CCC y a la Fenat como protagonistas de un reclamo injustificado, estaríamos ante funcionarios más concentrados en seguir con el juego político antes que en resolver las reales necesidades alimentarias que existen en la provincia. 

Y si es cierto que no saben cuántos rionegrinos pasan hambre y cómo ir a buscarlos, el papelón sería mayor.    

Por otra parte, no queda claro si el gobierno no quiere intermediarios o lo que rechaza son los intermediarios ajenos al oficialismo.  

Porque en la misma semana en la que se mostraron inflexibles ante los “gerentes de la pobreza”, dirigentes roquenses de JSRN subieron fotos a sus redes, entregando alimentos a un merendero del barrio Quinta 25. 

Contradicciones e intereses cruzados, alrededor de una pobreza agobiante que requiere mucho más que lo visto esta semana en la provincia.