Ruta 22: El relato, la parálisis y la urgencia de una solución real

La Ruta Nacional 22 vuelve al centro del debate público, no por avances concretos ni decisiones técnicas, sino como parte de un juego político previsible. Desde el gobierno provincial se anuncia una acción judicial contra Nación por la paralización de la obra, cuando en realidad esa obra fue detenida hace años por decisión local. Lo que se reclama ahora, es lo que ellos mismos frenaron.

En 2016, el municipio de General Roca presentó un amparo judicial contra el proyecto ejecutivo del Tramo 3 (Cervantes–J.J. Gómez), objetando los pasos elevados. En 2020, Cipolletti hizo lo mismo con el acceso a Isla Jordán. Ambos recursos legales siguen vigentes. No fueron resueltos. No fueron retirados. Y cuando Vialidad Nacional propuso modificaciones en 2017, la respuesta fue el rechazo total.

Hoy, ocho años después, los mismos sectores que paralizaron la obra reclaman su reactivación urgente. Pero sin haber cambiado las condiciones que generaron el conflicto. ¿Qué sentido tiene hablar de audiencias, reclamos judiciales o concesiones si no se resuelve primero el problema de fondo?

La prioridad número uno debe ser la resolución de los amparos. Ninguna empresa va a invertir en una obra judicializada. Ningún contrato puede ejecutarse si su legalidad está cuestionada. Y ninguna mesa técnica puede avanzar si no está claro qué traza, qué diseño y qué consenso se quiere construir.

No puede haber una nueva reunión sin que antes los intendentes definan públicamente si están dispuestos a retirar los amparos o rediscutir el diseño. El resto es simulacro.

Los obstáculos que impiden avanzar son claros:

1. Amparos judiciales activos que impiden toda ejecución. 

2. Contratos adjudicados y paralizados que no han sido rescindidos ni renegociados. 

3. Falta de trazado actualizado y validado técnicamente con respaldo político.

Cualquier intento de concesión sin resolver esto sería una ficción con consecuencias legales y económicas graves.

Por eso propongo una salida concreta y transparente, “Sin Relato”:

• Que los municipios retiren o redefinan los amparos como primer paso. 

• Que Vialidad Nacional y las partes involucradas acuerden un nuevo diseño viable. 

• Que se transparente la situación contractual y se establezca un cronograma realista. 

• Y si no hay consenso claro, que se convoque a una consulta popular. 

• Solo después de todo eso, podrá hablarse de concesión a privados.

La Ruta 22 no puede seguir siendo una excusa electoral. Es hora de resolver el conflicto que algunos provocaron, y que ahora usan para posicionarse. La ciudadanía merece una obra terminada, no otra década de relato.