Otro fundador llamado Sapag
G&P, la empresa que despliega la estrategia para el sector, quedó fuera del radar de los controles estatales.
gerardo bilardo gbilardo@rionegro.com.ar
Jorge Sapag transita su gobierno con el convencimiento de que la provincia se encuentra frente a un momento fundacional. Tal convicción surge de la expectativa que generan los hallazgos anunciados y por venir, en materia de recursos hidrocarburíferos, el combustible central que moviliza la economía de Neuquén. En el mensaje dirigido a la población por las fiestas de Fin de Año, Sapag tomó como punto de partida el significado que tuvo para Neuquén el cambio de jerarquía de territorio nacional a provincia y el “fabuloso desarrollo” que se vivió desde aquel momento. En un relato de contenido épico, el gobernador colocó como el conductor de la epopeya al Movimiento Popular Neuquino, su partido, actor central de la política local desde hace 50 años. También evocó acciones y palabras de dos de los fundadores del MPN, su padre Elías y su tío Felipe. Así como aquella tarea iniciática tuvo ejes en el desarrollo de infraestructura vial, en la construcción de viviendas y en políticas para impulsar las áreas de Salud, Educación, entre otras, el gobernador Sapag entiende que los yacimientos no convencionales plantean hoy una nueva oportunidad de crecimiento para otra etapa de “fabuloso desarrollo”. El perfil de provincia energética fue acentuado por todos los gobiernos del partido provincial con el objetivo de obtener recursos de la renta petrolera para mover la economía neuquina. En el actual esquema que plantea Sapag, con una política prioritaria para el desarrollo de la industria extractiva, la empresa Gas y Petróleo (G&P) se ha transformado en la nave insignia de su plan. Creada en mayo del 2008, a poco de iniciar su primer mandato, Sapag generó una sociedad anónima con una participación accionaria mayoritaria del Estado para intervenir en el negocio petrolero. Su principal capital son las áreas que le transfirió otra empresa estatal, Hidrocarburos del Neuquén, y los contratos preexistentes de concesiones que empezaron a vencer para las operadoras. A medida que se fueron divulgando detalles de formaciones geológicas ricas en reservas de gas y de petróleo, apareció un nuevo lenguaje para denominar las diferentes técnicas de extracción. Sapag se puso al frente de la difusión, alimentando en forma constante un clima favorable para las nuevas inversiones. El discurso se vio cruzado rápidamente por un debate, aún abierto, sobre las consecuencias que puede provocar en el medioambiente la extracción a gran escala sin controles adecuados. La reciente reforma legal de la empresa, aprobada por mayoría en la Legislatura, generó diferencias con la oposición por una modificación introducida a último momento por el oficialismo que deja a G&P fuera del alcance del radar de los organismos de control estatal. Legisladores de la oposición plantearon que, por tratarse de una herramienta central de esta política, las actividades de G&P deben ser monitoreadas. “Sacaron expresamente todo control del Estado”, protestó el diputado Raúl Podestá del Frente Grande cuando se aprobó la ley. El legislador afirmó que “hay un grupo de personas que quieren quedarse con los recursos hidrocarburíferos de los neuquinos”. Desde el MPN respondió el diputado Luis Sapag. “El cambio es para que sea igual que YPF, es una empresa de derecho privado pero no estatal”, dijo y recordó que no se modificó la composición accionaria. El punto que generó la discusión fue el artículo 4 de la ley 2839. En el proyecto original decía sobre la empresa lo siguiente: “Para el desarrollo de su actividad, Gas y Petróleo del Neuquén SA operará como una sociedad anónima abierta en los términos del Capítulo II, Sección V, de la ley nacional 19.550 y normas concordantes”. El artículo finalmente aprobado agrega al texto ya mencionado esta aclaración: “…no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación. No obstante ello, en el caso de corresponder, le será aplicable el artículo 127 de la ley de Administración Financiera y Control 2141”. Tal como se aprobó el cambio que opera sobre la empresa, el ojo indiscreto estará en manos de síndicos designados por el Poder Ejecutivo que, conforme dice el referido artículo de la ley 2141, deberán elevar informes trimestrales al Tribunal de Cuentas. G&P busca un lugar en la Bolsa de Comercio y tiene para mostrar los primeros resultados en yacimientos no convencionales con el desarrollo de pozos en Aguada del Chañar. En ese campo la empresa está asociada con Enarsa en un sector y en otros trabaja sola con resultados promisorios a partir de las perforaciones hechas en la formación Quintuco. Según figura en la memoria del balance del año pasado, G&P tiene los derechos de exploración y producción “en una proporción importante, tal vez no equiparable a ninguna otra compañía que opere en la Cuenca Neuquina o en el resto del país”. La empresa, dice ese informe, tiene el dominio de 66 áreas, una superficie equivalente al 60% del territorio de la provincia. Frente al potencial de la empresa y a la política que desarrolla el gobierno para aumentar la producción de gas y petróleo, podría plantearse en esta ocasión otro momento fundacional que defina modificaciones estructurales en torno a la industria, tales como asumir una estrategia de defensa del medioambiente frente a la pronosticada perforación masiva en la Cuenca Neuquina y reglas que fijen transparencia en los negocios actuales y futuros de G&P para evitar sospechas como las planteadas por Podestá.
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