Pasajes: apelaron el sobreseimiento de Sartor

La fiscal Zágari cuestionó la resolución del juez Bernardi, quien no halló elementos para avanzar en la causa contra el legislador. Criticó que facturas llamativas quedaran sin analizar.



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VIEDMA (AV)- El sobreseimiento del legislador Daniel Sartor en la causa en la que se investiga el presunto uso de fondos públicos del Ministerio de la Familia para el pago de pasajes aéreos a Buenos Aires para el funcionario y familiares, podría revisarse si prospera la apelación que presentó el 1 de febrero la fiscal Daniela Zágari.

El hecho, que monetariamente involucra unos pocos miles de pesos, podría -no obstante- dejar al descubierto un mecanismo de utilización de dineros públicos para fines personales mediante la adulteración, entrega voluntaria o compra de facturas por servicios no prestados. Otra causa por hechos similares, aunque por montos significativamente más importantes, avanza en la Justicia (ver aparte).

A fines de diciembre, Bernardi dictó el sobreseimiento de Sartor, al no hallar elementos para considerarlo responsable de delito, destacando que las pruebas aportadas por la fiscal no conducen a asegurar que el efectivo con el que se cancelaron esos pagos haya salido de la caja de Familia. Ese organismo aportó a la causa los expedientes correspondientes a los denominados “fondos permanentes” -dinero de uso frecuente con rendición laxa- correspondientes al mes de enero de 2010 -época en la que se concretaron los viajes- y un perito contable los analizó en profundidad. El profesional de apellido Mas -el mismo que actuó en la causa de presunto enriquecimiento ilícito de Sartor- tampoco encontró anomalías en este expediente.

Sin embargo, en la presentación de Zágari, efectuada a principios de este mes, se repudia que el juez no haya avanzado en el análisis de algunas facturas que justifican gastos muy llamativos. Por ejemplo, habría una en el expediente, por casi 5 mil pesos en concepto de unas 40 mil fotocopias, realizadas el 28 de enero en un comercio local. También existiría otra de un pub por supuestos servicios gastronómicos que no guarda correlatividad con otra incorporada a otro expediente.

En ámbitos judiciales suponen que podría existir un mecanismo de compra, adulteración o utilización irregular de facturas, mediante el cual se pueden justificar gastos inexistentes para derivar el efectivo a fines no específicos ni de interés público.

La presentación de la fiscal afirmaría que el magistrado no valoró algunos testimonios, como los de las responsables de la agencia de Turismo a través de la cual se realizaron los viajes y los cadetes de la empresa y del organismo provincial, quienes habrían dado cuenta de que la funcionaria de Familia, Marcela Rossio, habría reservado los pasajes y hecho los pagos.

Además, Zágari sostendría que Bernardi no profundizó las hipótesis sobre el presunto origen irregular del dinero en efectivo a través del uso de facturas poco convincentes.

La fiscal pretende que un organismo superior revise las decisiones de Reussi, porque a su juicio no profundizó la investigación.


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