Pedirán informes por adjudicación de Loterías

VIEDMA (AV).- La Legislatura pedirá información sobre cómo Lotería concedió a una empresa privada la explotación de las máquinas callejeras de juegos de azar. Esa firma -en formación- está integrada por Damián Scalesa, ex apoderado y directivo de empresas de Carlos «Cacho» Ferrari, que explotan concesiones de juego de azar en Río Negro. Aquella cesión a Scalesa originó también cuestionamientos de la Asociación de agencias de Loterías y Quiniela.

Recientemente, el legislador Guillermo Grosvald del Movimiento Patagónico Popular -con sus pares del partido Justicialista y el Frente Grande- elevó un pedido de informes para que el interventor de la Lotería de Río Negro, Miguel Irigoyen precise sobre las características en que se concedió la explotación de las máquinas callejeras de juego de azar, a una firma en formación de Bariloche, denominado Lotergames SA.

Por esa cesión directa -según surge de la documentación- se le autoriza a Scalesa una agen-cia oficial en Bariloche, pero se lo habilita también a distribuir y comercializar «en todo el terri- torio de la provincia de Río Negro de los juegos pre-impresos comercializados» por la Lotería.

Los diputados reclaman la entrega de los antecedentes de la resolución 8 del 25 de febrero pasado. Se solicitó también copias del expediente 53.105 por el que se llamó a inscripciones de postulantes de agentes oficiales, análisis estadístico de la caída de recaudación, de la presentación efectuada por el representante de la empresa asignada, Damián Scalesa.

Grosvald señaló que «la Asociación Rionegrina de Agentes de Loterías y Quiniela ha considerado que la prerrogativa que se ha otorgado a Lotergames, más allá del acto discrecional administrativo, constituye un ataque frontal a la economía de quienes durante años vienen desarrollando la actividad en condiciones de fieles contribuyentes provinciales y municipales».

El diputado insistió en que «la nueva empresa hace entrega de productos a subagencias con ventajas económicas, por tener menos gastos operativos, no pagan servicios y cargas municipales, por lo que es una competencia desleal y de invasión a las economías regionales. Por eso, «solicitaron la revisión de la resolución».