Pese al aumento de las presiones, Mesa dice que no renunciará

El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, reiteró ayer que no renunciará, después de que la Confederación nacional de empresarios se sumó a su Cámara filial del departamento de Santa Cruz en el pedido de que de «un paso al costado» para que se realicen elecciones anticipadas.

El ministro de la Presidencia, José Galindo, reiteró en nombre de Mesa que éste permanecerá en funciones hasta el final de su mandato, informó ayer el diario paceño La Razón.

En respuesta a los pronunciamientos de las entidades empresariales, Galindo afirmó que «el presidente está gobernando, va a continuar gobernando y, de acuerdo con la Constitución, gobernará hasta el 6 de agosto del 2007».

También propiciaron la dimisión presidencial como salida a la crisis las derechistas Acción Democrática Nacionalista (ADN), creada por el fallecido ex dictador Hugo Banzer, y Unión Nacional (UN), del empresario Samuel Doria Medina. El cese de Mesa fue reclamado además el miércoles por dos oficiales del Ejército ya apartados de esa fuerza y a quienes el gobierno se propone juzgar por sedición y alzamiento.

Por su parte, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, consideró «preocupantes» las presiones empresariales y sostuvo que una eventual renuncia de Mesa no solucionaría la crisis, cuya única salida es la convocatoria a una Asamblea Constituyente, según afirmó.

Morales rechazó todo golpe de estado, «venga de donde venga», incluida la variante de forzar la renuncia de Mesa para que lo sustituya el titular del Congreso, senador Hormando Vaca Díez, o el presidente de Diputados Mario Cossío, primeros en la línea de sucesión prevista por la Constitución. Vaca Díez, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y Cossío, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), son considerados dos políticos allegados al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en 2003.

Las presiones para que renuncie Mesa recrudecieron esta semana, mientras el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Sacha Llorenti, se hallaban empeñados en abrir una instancia dialoguista alentada también por la Iglesia Católica. Sólo el gobierno y el opositor MAS fijaron posición favorable al intento de promover un diálogo entre los sectores en conflicto como alternativa a un agravamiento de la crisis política.

En cuanto a la tácita coalición político-empresarial creada para forzar la renuncia de Mesa, según analistas, se propone lograr ese objetivo antes del 6 de agosto próximo, ya que después de esa fecha, según la Constitución boliviana, las elecciones deberían ser también legislativas.

En este caso, Vaca Díez y Cossío deberían poner en juego sus bancas, como todos los legisladores, gran parte de ellos desacreditados por su relación con el «goñismo», como se alude al anterior gobierno de Sánchez de Lozada, apodado Goñi.

La crisis en Bolivia tiene como centro el régimen legal de los hidrocarburos y el modo en que se distribuyen entre el Estado y las compañías trasnacionales los beneficios de la explotación del petróleo y el gas, principal riqueza del país.

Movimientos sociales de los sectores más pobres del país, incluidos los sindicatos obreros y agrupaciones campesinas, indígenas, protagonizan desde mediados de este mes protestas masivas en la ciudad de La Paz y la vecina El Alto para revertir la privatización de los hidrocarburos heredada de Lozada.