Pisos y techos
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, insiste en que el gobierno no avalará subas salariales del 30% aun cuando las cámaras empresariales las acepten. Parecería que los kirchneristas creen que sería injusto que algunos trabajadores consiguieran aumentos llamativamente superiores a los anotados por otros y por lo tanto quieren que todos se conformen con lograr entre el 20 y el 25%, lo que, dan a entender, les permitiría conservar el poder adquisitivo que consiguieron gracias a la década ganada. Pero últimamente hasta los sindicalistas más kirchneristas se han manifestado reacios a prestar atención a las órdenes “de arriba”. Tampoco se sienten impresionados por las exhortaciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner según las cuales la moderación salarial serviría para que haya más “inclusión social”. No sólo el jefe de la CGT-Azopardo, el camionero Hugo Moyano, el que califica de “inaceptable, vergonzoso y lamentable” el máximo del 25% propuesto por el gobierno, sino también casi todos los demás líderes sindicales, tanto oficialistas como opositores, están preparándose para una larga lucha contra el intento oficial de fijar “un techo” a los aumentos. La verdad es que no les cabe otra opción. Esperan seguir en sus puestos cuando el gobierno actual ya no esté, de suerte que la eventual reacción de Cristina frente a su negativa a obedecerle les importa cada vez menos que la actitud de los afiliados, los que, por su parte, temen verse rezagados en comparación con otros. Aunque es de suponer que, luego de más de medio siglo de activismo constante, los sindicalistas más inteligentes entienden muy bien que el nivel de los salarios de la mayoría abrumadora de los empleados no depende de su propia combatividad sino del estado de la economía nacional, las circunstancias los obligan a actuar como si se creyeran capaces de modificar la desafortunada realidad así supuesta. Por motivos parecidos, los políticos, sobre todo si les toca gobernar, se esfuerzan por hacer pensar que, en última instancia, los ingresos de los trabajadores dependen de su propia voluntad, que resulta buena por antonomasia. Es sobre la base de tales ilusiones interesadas que el gobierno kirchnerista optó por resucitar las paritarias que durante tanto tiempo habían acompañado la declinación económica del país antes de caer en desuso. A los representantes del gobierno estos dramas corporativistas les resultan provechosos cuando el país está disfrutando de una etapa de vacas gordas, razón por la que Néstor Kirchner creyó que le convendría celebrarlas nuevamente, pero distan de serlo si las vacas comienzan a enflaquecer. Para explicar fenómenos ingratos como la merma del poder de compra del grueso de los asalariados y el aumento, acaso gradual pero así y todo constante, de la desocupación, los voceros oficiales los atribuyen a la codicia de los empresarios, responsables ellos de la inflación, la amenaza supuestamente planteada por personas de mentalidad neoliberal y el accionar de los fondos buitre, pero escasean los sindicalistas que están dispuestos a tomar en serio tales argumentos para entonces solidarizarse con el gobierno nacional y popular. Lo suyo es militar a favor de un sector determinado, uno que en teoría resulta muy amplio, razón por la que no pueden sino privilegiar sus intereses inmediatos sin preocuparse demasiado por las advertencias de funcionarios que temen que una puja salarial, del tipo que las paritarias suelen estimular, tenga consecuencias inflacionarias. Sería mejor para la economía, y por lo tanto para el país, que se descentralizaran por completo las negociaciones, ya que algunos sectores se enfrentan con problemas específicos que no afectan a los demás, mientras que dentro de cada sector hay algunas empresas que están en condiciones de pagar salarios más altos y otras que serían incapaces de hacerlo porque tambalean al borde de la quiebra, pero son tan fuertes las tradiciones corporativistas que la semana pasada el candidato presidencial más liberal, Mauricio Macri, aseguró a líderes de la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte que, siempre y cuando en diciembre se mude a la Casa Rosada, “las paritarias están garantizadas absolutamente”.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, insiste en que el gobierno no avalará subas salariales del 30% aun cuando las cámaras empresariales las acepten. Parecería que los kirchneristas creen que sería injusto que algunos trabajadores consiguieran aumentos llamativamente superiores a los anotados por otros y por lo tanto quieren que todos se conformen con lograr entre el 20 y el 25%, lo que, dan a entender, les permitiría conservar el poder adquisitivo que consiguieron gracias a la década ganada. Pero últimamente hasta los sindicalistas más kirchneristas se han manifestado reacios a prestar atención a las órdenes “de arriba”. Tampoco se sienten impresionados por las exhortaciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner según las cuales la moderación salarial serviría para que haya más “inclusión social”. No sólo el jefe de la CGT-Azopardo, el camionero Hugo Moyano, el que califica de “inaceptable, vergonzoso y lamentable” el máximo del 25% propuesto por el gobierno, sino también casi todos los demás líderes sindicales, tanto oficialistas como opositores, están preparándose para una larga lucha contra el intento oficial de fijar “un techo” a los aumentos. La verdad es que no les cabe otra opción. Esperan seguir en sus puestos cuando el gobierno actual ya no esté, de suerte que la eventual reacción de Cristina frente a su negativa a obedecerle les importa cada vez menos que la actitud de los afiliados, los que, por su parte, temen verse rezagados en comparación con otros. Aunque es de suponer que, luego de más de medio siglo de activismo constante, los sindicalistas más inteligentes entienden muy bien que el nivel de los salarios de la mayoría abrumadora de los empleados no depende de su propia combatividad sino del estado de la economía nacional, las circunstancias los obligan a actuar como si se creyeran capaces de modificar la desafortunada realidad así supuesta. Por motivos parecidos, los políticos, sobre todo si les toca gobernar, se esfuerzan por hacer pensar que, en última instancia, los ingresos de los trabajadores dependen de su propia voluntad, que resulta buena por antonomasia. Es sobre la base de tales ilusiones interesadas que el gobierno kirchnerista optó por resucitar las paritarias que durante tanto tiempo habían acompañado la declinación económica del país antes de caer en desuso. A los representantes del gobierno estos dramas corporativistas les resultan provechosos cuando el país está disfrutando de una etapa de vacas gordas, razón por la que Néstor Kirchner creyó que le convendría celebrarlas nuevamente, pero distan de serlo si las vacas comienzan a enflaquecer. Para explicar fenómenos ingratos como la merma del poder de compra del grueso de los asalariados y el aumento, acaso gradual pero así y todo constante, de la desocupación, los voceros oficiales los atribuyen a la codicia de los empresarios, responsables ellos de la inflación, la amenaza supuestamente planteada por personas de mentalidad neoliberal y el accionar de los fondos buitre, pero escasean los sindicalistas que están dispuestos a tomar en serio tales argumentos para entonces solidarizarse con el gobierno nacional y popular. Lo suyo es militar a favor de un sector determinado, uno que en teoría resulta muy amplio, razón por la que no pueden sino privilegiar sus intereses inmediatos sin preocuparse demasiado por las advertencias de funcionarios que temen que una puja salarial, del tipo que las paritarias suelen estimular, tenga consecuencias inflacionarias. Sería mejor para la economía, y por lo tanto para el país, que se descentralizaran por completo las negociaciones, ya que algunos sectores se enfrentan con problemas específicos que no afectan a los demás, mientras que dentro de cada sector hay algunas empresas que están en condiciones de pagar salarios más altos y otras que serían incapaces de hacerlo porque tambalean al borde de la quiebra, pero son tan fuertes las tradiciones corporativistas que la semana pasada el candidato presidencial más liberal, Mauricio Macri, aseguró a líderes de la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte que, siempre y cuando en diciembre se mude a la Casa Rosada, “las paritarias están garantizadas absolutamente”.
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