Poder antidemocrático

La reciente comparencia del juez Alejandro Ramos Padilla en el Congreso evidenció una vez más el secretismo, autonomía e impunidad con que se manejan los servicios de Inteligencia y revela la urgente necesidad de una reforma que reestablezca un control democrático sobre los mismos.

Padilla concurrió a la Comisión de Libertad de Prensa para brindar información sobre el accionar del falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido por una extorsión a un empresario para no vincularlo a la denominada “causa de los cuadernos”, en la cual implicó al fiscal Carlos Stornelli, algunos periodistas y hasta diputados nacionales.

Más allá de la disputa política por las supuestas pruebas reveladas por Padilla (su presencia fue impulsada por el kirchnerismo, mientras el oficialismo le pedirá el juicio político por mal desempeño), su testimonio confirmó lo que desde años es evidente: que existen bandas ligadas a los servicios de Inteligencia capaces de hacer escuchas y filmaciones ilegales, seguir gente, extorsionar con información en nombre de fiscales o jueces, influir sobre policías, funcionarios judiciales y de la Aduana y también meterse en las redacciones de los medios para seguir a periodistas e intentar manipular información.

El Sistema de Inteligencia argentino ha estado contaminado desde el retorno de la democracia por la presencia de “mano de obra desocupada” del aparato represivo de la dictadura, que logró reciclarse en estas esferas de poder paralelo. Pese a los intentos por profesionalizar y poner bajo control republicano a estos servicios -necesarios en todo Estado- éstos han mantenido un autogobierno, autonomía económica e impunidad que los ha hecho inmunes al cambio. Y se han transformado en una herramienta de distintos gobiernos para realizar “campañas sucias” contra opositores y ocultar la corrupción.

Uno de los últimos intentos por reformar la vieja SIDE fue realizado a fines del gobierno de Fernando de la Rúa, golpeado por el caso de los sobornos en el Senado, pagados con fondos reservados del organismo. Una ley nacional creó la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en el Congreso.

En el 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también golpeada por escándalos de espionaje y “carpetazos” a opositores, se reformó la norma como un compromiso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el fracaso del Estado argentino por obtener justicia en la causa de la AMIA, en parte por culpa de agentes de Inteligencia que ayudaron más a encubrir y entorpecer la investigación que a esclarecer el atentado.

La reglamentación buscaba trasparentar el uso de los fondos, distinguiendo los “públicos” ligados a cuestiones operativas y de funcionamiento y los “reservados”, usados directamente en Inteligencia. Asimismo que los únicos agentes con restricción de identidad eran los directamente abocados a tareas de espionaje, y no todos los empleados del organismo, rebautizado como Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El gobierno de Cambiemos, que asumió prometiendo control republicano y terminar con los “vínculos espurios” de la política, la justicia y la inteligencia, ha estado lejos de cumplir su compromiso. Un decreto de Macri reestableció el secreto de todos los fondos del organismo, que en el 2019 llegará a los 7.603 millones de pesos, sin rendir cuentas.

La comisión bicameral ha brillado por su ausencia y su titular, Silvia Madjalani, exintegrante de la AFI, ha fallado en su rol de supervisión y control. La gestión de Gustavo Arribas, amigo personal de Macri, resultó en una continuidad de los cuestionados métodos del kirchnerismo.

Esta semana el juez Padilla declarará por fin ante la bicameral de Inteligencia, que parece haber despertado de su modorra. Será una buena oportunidad para que las autoridades de la AFI expliquen sus oscuros lazos con personajes como D’Alessio. Y, de negarlos, señalar cómo es posible que semejante aparato de espionaje ilegal funcionara delante de sus narices sin advertirlo, una muestra más de su inoperancia y de la necesidad de una profunda reforma de sus estructuras.