Polémica por nueva constitución para Malvinas

La medida británica "constituye una flagrante violación del mandato que nos imponen las Naciones Unidas" , dijo el gobierno argentino sobre el tema.

BUENOS AIRES.- El gobierno nacional rechazó ayer enfáticamente la nueva constitución de los habitantes de las Islas Malvinas dispuesta por Gran Bretaña para «reforzar la democracia» y acusó a Londres de cometer una «flagrante violación» al mandato de Naciones Unidas y de querer «perpetuar una anacrónica situación colonial».

El gobierno británico acordó una nueva Constitución en las islas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2009, fecha en la que empezará a funcionar un nuevo Comité de Cuentas Públicas y un Comisionado para las Quejas, según informó ayer el Foreign Office de Gran Bretaña.

El texto constitucional faculta al gobernador de ese territorio a no seguir las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en materia de asuntos exteriores, seguridad interna (incluida la policía), administración de justicia y gestión de los servicios públicos.

Además, sostiene que cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que viva siete años en las islas, puede solicitar la ciudadanía y acceder así, al status de los malvinenses. Ante esta decisión, la Cancillería argentina, a cargo de Jorge Taiana, entregó una nota de protesta a la Embajada británica en Buenos Aires, donde sostiene que la nueva constitución «constituye otro desconocimiento» de las resoluciones de las Naciones Unidas y «una nueva violación al espíritu de los entendimientos» destinados a crear un «ambiente propicio para la reanudación de las negociaciones sobre soberanía».

«La pretendida «constitución» adoptada por el gobierno británico refiere al principio de libre determinación de los pueblos, que resulta totalmente ajeno, y en consecuencia inaplicable, a la disputa de soberanía», afirmó el Palacio San Martín a través de un comunicado.

Taiana fue más allá y acusó a Londres de incurrir en una «flagrante violación» del mandato impuesto por Naciones Unidas, y consideró que «el único objetivo que, en definitiva, persigue el Reino Unido otorgando y aprobando lo que denomina reformas es perpetuar una anacrónica situación colonial». «Es una clara muestra del carácter colonial de la relación de la metrópoli con los súbditos de su colonia, por más que el Reino Unido se empeñe en evitar el uso de ese término usando sinónimos menos irritantes en pleno siglo XXI», afirmó.

Al respecto, voceros de la Embajada británica en Buenos Aires afirmaron que «el Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las islas y las islas tienen su derecho a la autodeterminación».

Sobre la decisión de reforma de la denominada constitución kelper, indicaron que «es un ejercicio de esta autodeterminación y parte de ella los isleños libremente eligen ser parte del Reino Unido».

«El mundo ha progresado desde que la anterior Constitución de las islas Falkland (Malvinas) entró en vigor, en 1985, y las Falkland se han desarrollado considerablemente, tanto económica como socialmente», señaló la viceministra de Relaciones Exteriores británica, Gillain Merron. Para Merron, la nueva Constitución «fortalece la democracia local, al tiempo que mantiene suficientes poderes para que el gobierno británico proteja los intereses británicos y asegure la buena gobernabilidad global del territorio». (DyN/AFP)

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