Polémica por ordenanzas no publicadas

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Boletín Oficial de la provincia continúa sin publicar las ordenanzas del municipio local y los concejales exigirán nuevas explicaciones al Ejecutivo por el incumplimiento en los pagos que desembocó en la interrupción del servicio.

A los ediles les preocupa especialmente la falta de vigencia legal de una treintena de ordenanzas que fueron promulgadas entre noviembre y diciembre y que el BO se negó a publicar por una deuda impaga que supera los $ 30.000.

Hace más de 15 días, cuando el incumplimiento tomó estado público. El intendente Marcelo Cascón dijo que no estaba enterado del corte del servicio y atribuyó el error a su secretario de Gobierno, Nelson Vigueras.

Aseguró también que ese mismo día había acordado un plan de pagos con el Boletín Oficial y que el servicio quedaba restituido, de modo que comenzarían a publicar las ordenanzas atrasadas.

Sin embargo ayer los concejales aseguraron que los números del BO editados desde entonces no contienen ordenanza alguna de Bariloche y que la irregularidad nunca fue corregida. La publicación es legalmente obligatoria para la entrada en vigencia de las normativas, recordaron los ediles, quienes pretender conocer las razones y las consecuencias jurídicas del incumplimiento, además de las fechas precisas en las que se van a publicar las ordenanzas pendientes.

Acordaron incluir esos requerimientos en una nueva nota al Ejecutivo, con plazo acotado de respuesta. El concejal Hugo Cejas (SUR) propuso también pedir precisiones sobre «la sanción aplicada por el intendente al secretario de Gobierno, que fue el responsable de todo esto». Entre las ordenanzas que no fueron publicadas todavía (a dos y tres meses de su promulgación) figura la reforma del Sistema de Bomberos Voluntarios, que incluyó un fuerte aumento de la contribución respectiva, y también el presupuesto 2009.

El concejal Francisco De Cesare (PS) dijo que el Simbov aumentó en forma considerable su recaudación porque el municipio ya aplica el nuevo gravamen, pese a la precaria legalidad de la ordenanza que lo impuso.

Carreras admitió que a futuro «habrá que devolver ese dinero» a los contribuyentes. También dijo -para el caso del presupuesto- que «desde el 1º de enero hasta hoy el municipio imputa mal los gastos porque trabaja con partidas creadas por una ordenanza que en los hechos no existe».