Neuquén condenó a diez personas por microtráfico en cuatro meses

Desde que la provincia de Neuquén asumió por ley la persecución penal del microtráfico de drogas, ya se dictaron diez condenas por delitos vinculados a la venta de estupefacientes. El cambio en la competencia judicial, establecido por la ley de provincialización firmada el 28 de febrero (puesta en marcha en marzo), permite a la justicia neuquina investigar, imputar y juzgar los casos de narcomenudeo sin depender del fuero federal.

Este viernes, se sumaron dos nuevas condenas en audiencias simultáneas realizadas en la Ciudad Judicial. En ambos casos, los acusados aceptaron su responsabilidad mediante acuerdos de partes con el Ministerio Público Fiscal (MPF), y recibieron penas de tres años de prisión condicional.

Las investigaciones estuvieron a cargo de la fiscalía de narcoriminalidad y la División Antinarcóticos de la Policía provincial, que desde marzo trabajan de forma conjunta para combatir este tipo de delitos.
Una de las causas tuvo como imputado a Ricardo Andrés Vallejos, acusado de facilitar su vivienda del barrio Atahualpa para la venta de cocaína.

En el allanamiento se secuestraron 192 envoltorios de clorhidrato de cocaína, más de 1.100.000 pesos en efectivo, un teléfono celular, un posnet, una munición de arma de fuego y un cuaderno con anotaciones de transacciones.

Según la acusación, la droga se comercializaba desde una ventana, en un esquema organizado y frente a una escuela primaria y una plaza. El juez Gustavo Ravizzoli homologó el acuerdo y estableció además reglas de conducta por tres años.

La segunda condena recayó sobre Héctor Maximiliano Tarifeño, quien fue señalado como partícipe necesario en la venta de drogas en el barrio Cuenca XV, entre el 26 de marzo y el 17 de abril.
La Fiscalía acreditó que ayudaba a un tercer implicado, identificado como D.C.A, quien también fue detenido en el marco de la causa.

En el allanamiento a la vivienda se incautaron envoltorios con cocaína, cannabis en diversas presentaciones, balanzas, más de 370 mil pesos en efectivo y otros elementos asociados a la actividad delictiva. El juez Cristian Piana validó el acuerdo de pena condicional y reglas de conducta.
Ambas investigaciones se enmarcan dentro de la política pública que impulsa la provincia para desarticular redes locales de comercialización de drogas.

Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal, el objetivo es atacar el microtráfico en los barrios y reducir los delitos conexos, como los homicidios, robos y situaciones de violencia que muchas veces se vinculan con el narcomenudeo.

A pocos meses de haberse implementado esta nueva competencia provincial, las autoridades destacaron la celeridad de los procesos judiciales y la capacidad de respuesta local.