¿Adónde fue el dinero de los planes sociales en Neuquén?: fijan límites para el pedido de penas
La fiscalía se puso entre sus objetivos el decomiso de los bienes de algunos imputados. Pero hay un obstáculo: según los jueces, no pudo demostrar que los compraron con plata de los planes sociales. El debate tuvo un nuevo capítulo.
Vignaroli y Narváez. La prueba de la fiscalía depende de un fallo de impugnación. (Archivo/Matías Subat)
Los más de mil millones de pesos robados mediante la estafa con planes sociales en Neuquén se utilizaron para financiar actividades políticas del Movimiento Popular Neuquino. Según los jueces que dictaron sentencia en septiembre pasado, eso es lo que demostró la fiscalía. No pudo probar, en cambio, que los 11 condenados como autores de administración fraudulenta se llevaron plata para sus bolsillos de manera individual. Así lo ratificó otro juez, en la audiencia que abandonó de manera escandalosa el fiscal jefe Pablo Vignaroli, cuyos coletazos aún perduran.
En esa audiencia, el viernes pasado, la fiscalía presentó 33 testigos para el juicio de cesura en el que se debatirán las penas que les corresponden cumplir a cada uno de los 11 imputados.
El Código Penal establece ciertos parámetros para acercarse al máximo o al mínimo, y cada una de ellos hay que probarlos: la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla; la extensión del daño y del peligro causados; la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del imputado; la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, entre otros.
El terreno de Sanz y Montoya
La fiscalía pretende demostrar, por ejemplo, que los imputados Néstor Pablo Sánz e Isabel Montoya compraron un terreno en un barrio privado. El lote no está escriturado a nombre de ellos; por eso Vignaroli propuso como testigo al dueño anterior; un informe catastral y una foto de un boleto de compra-venta.
La defensa pública se opuso. ¿Con qué argumentos? Lo explicó Carolina Johansen: en la sentencia, los jueces dijeron que «la Fiscalía no demostró que los acusados aludidos fueran los destinatarios finales de la maniobra defraudatoria».
Una línea «debatida y descartada»
El juez Marco Lúpica Cristo le dio la razón a la defensora. Explicó: «la fiscalía quiere mostrar controversia patrimonial con Sanz y Montoya» pero «esa línea ya fue debatida durante el juicio y fue descartada por el tribunal».
Añadió que «la fiscalía intenta reabrir un hecho que no fue probado en juicio. No puedo permitir que ingrese prueba para reintroducir hipótesis que fueron descartadas en la sentencia».
Suspensión de juicio a prueba y ficha limpia
El fiscal Vignaroli también intentó presentar como pruebas en contra de Montoya las declaraciones testimoniales de cuatro policías y un antiguo expediente del 2016 en el que Isabel Montoya fue acusada de «instigación a cometer delito». Primero dijo que la habían condenado, luego aclaró que había accedido a una suspensión de juicio a prueba, o probation.
«Montoya accedió a una salida alternativa. La suspensión de juicio a prueba es un derecho, como bien dice la defensa», explicó el juez.
«A la suspensión de juicio a prueba a veces se confunde con ficha limpia, mas allá de que no me voy a meter en la ley. Lo primero que les explicamos los jueces a quienes acceden a esta salida alternativa es que bajo ningún punto de vista están reconociendo ninguna responsabilidad. De hecho les corresponde un sobreseimiento después de determinado tiempo. No se puede utilizar como una condena encubierta, ni como antecedente ni agravante», remarcó.
Una visión «clasista»
De la misma manera, el magistrado declaró inadmisibles como testigos a dos funcionarios de Migraciones. El objetivo de la fiscalía era probar los viajes al exterior de algunos de los imputados.
«De ningún modo viajar al exterior, por los millones de motivos que una persona puede hacerlo, implica un criterio legítimo para agravar la pena», afirmó el juez. «Si se quiere hablar de una motivación económica se tiene que determinar el origen de los fondos, no el número de viajes. Valorar la pena porque alguien viajó mucho aparece a primera vista como clasista».
«Tiene que establecerse la conexión: ‘la plata que se robaron la usaron para viajar’. Pero esa conexión no está. Parecerían decir en cambio: ‘miren, viajan mucho, viven bien, merecen más pena», completó Lúpica Cristo.
Su decisión fue impugnada, y tiene que revisarla otro tribunal.
Los más de mil millones de pesos robados mediante la estafa con planes sociales en Neuquén se utilizaron para financiar actividades políticas del Movimiento Popular Neuquino. Según los jueces que dictaron sentencia en septiembre pasado, eso es lo que demostró la fiscalía. No pudo probar, en cambio, que los 11 condenados como autores de administración fraudulenta se llevaron plata para sus bolsillos de manera individual. Así lo ratificó otro juez, en la audiencia que abandonó de manera escandalosa el fiscal jefe Pablo Vignaroli, cuyos coletazos aún perduran.
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