Se inicia el control privado de las prestaciones de las clínicas a los afiliados del Ipross
Esas atenciones significan unos 5.000 millones mensuales, más del 20% de los pagos de la obra social. La empresa evaluará la “pertinencia” de los servicios y la “correcta liquidación” al organismo. La puesta en marcha se cumple con críticas sindicales.
La obra social provincial -Ipross- desembolsa unos 5.000 millones mensuales por las prestaciones de los centros médicos.
Durante marzo, una empresa asumirá el control de la “calidad y pertinencia de la atención” de esas clínicas y sanatorios de Río Negro, pero además la “correcta validación y liquidación” que se realizan al Ipross por esos servicios facturados.
En diciembre del 2025, esas prestaciones sumaron 4.895 millones y representaron el 23% de las erogaciones totales de la obra social.
Ese seguimiento y fiscalización siempre correspondió al instituto, pero, generalmente, el déficit de sus resultados se vinculó con la precariedad de la estructura de auditores. Ahora, la opción elegida es la contratación de una empresa, que iniciará esa labor en los próximos días.
La presidenta del Ipross, Ivana Porro, abordó el tema en la reunión de la semana pasada de la Junta de Administración, con los vocales gubernamentales y gremiales. La puesta en marcha de la auditoría es inminente y, previamente, el organismo releva información. UPCN se opuso al mecanismo y su vocal Omar Pizzio requirió precisiones del inicio del trabajo de la empresa.
En febrero, esa organización cuestionó la decisión porque se “priorizan contrataciones millonarias para auditorías que sabe que controlan”.
Esta semana, Unter también planteó sus críticas. Lo hizo desde afuera porque, desde el año pasado, ese sindicato se quedó sin representación en la Junta de Administración del Ipross.
El costo del servicio de la empresa Pyxis Gestión al Ipross será de $59 millones por mes y totalizará $354 millones por el semestre programado.
La conducción rechazó esa incorporación “sin consulta a los afiliados y en un contexto de profundo desfinanciamiento” de la obra social. Contrapuso esa contratación mientras “persisten las dificultades en el acceso a prestaciones, la falta de respuestas y el deterioro del sistema de salud para” los estatales.
En su comunicado, Unter agregó que estas “decisiones no son aisladas”, sino que “forman parte de una orientación que debilita lo público, limita derechos y desplaza a los afiliados de los espacios de definición”. Insistió en que el Ipross debe “ser fortalecido con participación real” y convocó a la docente “a mantenerse informada, involucrarse y ser parte activa en la defensa de nuestra obra social”.
Según el expediente 119/2025, la “contratación directa por urgencia” prevé una “auditoría médica en terreno” y de facturación de las atenciones en clínicas y sanatorios.

Dos consultoras fueron convocadas. La ganadora -Pyxis Gestión Estratégica SRL- cotizó 59 millones de pesos por mes y un total de 354 millones de pesos por el semestre programado. La segunda -Audired SRL- desistió porque “no posee operación propia en Río Negro para atender el volumen y los estándares requeridos”.
En su momento, Porro insistió en que esa contratación directa es un esquema transitorio porque afirmó que hay un proceso licitatorio en marcha. El Ipross -explicó- tiene un antecedente similar con buenos resultados, aludiendo a auditorías de los “centros de alta complejidad de Buenos Aires”. Esos controles -agregó- arrojaron “ahorros” por esas prestaciones de un 26,3%.
Las tareas de control fijadas para la auditoría
El Ipross tiene 165.000 afiliados y la auditoría deberá realizar un control que “garantice la calidad y pertinencia de la atención médica” que ofrecen las clínicas y sanatorios, como también, el análisis de la “correcta validación y liquidación de las prestaciones facturadas” al organismo.
El servicio cubrirá las zonas Atlántica, Andina y Alto Valle, y el contrato prevé que se realizará sobre un “total de 10” centros médicos que el instituto indicará y, además, oportunamente, “podrá modificar según sus necesidades”.
El control de las prestaciones debe realizarse “en terreno” y se establecen referencias. Se exigen el seguimiento de la atención y la facturación de “hasta 1.500 internaciones/auditorías mensuales”.
En otra parte del pliego, el Ipross reafirma que la “información recabada en la auditoría en terreno será el insumo principal y mandatario» para la fiscalización de las liquidaciones.
Se establece un “censo o relevamiento diario en los prestadores” sanatoriales para tener un “registro actualizado de todos los afiliados internados”, con su carga al sistema que le indique el Ipross.
Además, el servicio consiste en que un “médico auditor deberá realizar visitas periódicas a los pacientes internados para evaluar la pertinencia de la internación, la correlación diagnóstico-terapéutica y la calidad de la asistencia”.
Un seguimiento de “altas y derivaciones”, en coordinación con la obra social; la “recepción y el procesamiento de facturación”, a partir de los “lotes” de facturas enviadas por los prestadores (ambulatorias y de internación); y el “control exhaustivo y aplicación de débitos” de cada una de ellas, “cruzando la información con los hallazgos de la auditoría en terreno para aplicar los débitos correspondientes”.
La obra social provincial -Ipross- desembolsa unos 5.000 millones mensuales por las prestaciones de los centros médicos.
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