El referéndum de Cortés en Bariloche, un desafío político y jurídico de alto riesgo

El intendente de Bariloche Walter Cortés decidió echar mano a un referéndum popular para darle un nuevo impulso a su gestión, un nuevo escenario en el que encontró apoyo entre quienes valoran los mecanismos de democracia directa y cuestionan la morosidad de los trámites legislativos, pero también lo puso en una encrucijada de incierto desenlace.

El reférndum que anunció para que “el pueblo decida” sobre temas tan variados como la regulación de aplicaciones del transporte, la emergencia habitacional, la tasa o contribución al turista, el sueldo de los dirigentes sindicales y un puñado de obras públicas se realizará, según dijo, el próximo 9 de noviembre.

Para ese día faltan casi cuatro meses y todo indica que el proceso en curso deberá atravesar muchos obstáculos y saldar interrogantes todavía sin respuesta. La boleta va a contener 10 preguntas, según la enumeración esgrimida por Cortés. Aunque nadie descarta que alguno de los asuntos mencionados se caiga y aparezcan nuevos.

Que todo está en permanente revisión lo demuestran las dudas del gobierno para darle formato jurídico definitivo a la convocatoria. Cuando comunicó la realización del referéndum el pasado 2 de julio, Cortés dijo que el lunes 7 emitiría la resolución formal, pero hasta el viernes no la había firmado todavía.

Consultado ayer por este medio, negó que existan trabas y replanteos. Pero algunos concejales como Facundo Villalba (Primero Rio Negro) deslizaron sospechas de que tiene problemas para “fundamentar” el llamado y prefieren no ahondar en sus opiniones hasta ver “el papel”, ya que el intendente «más de una vez ha dicho cosas que después no hizo”.

No faltan tampoco quienes esperan la reolución para recurrir a la Justicia, en el convencimiento de que el intendente se excede en sus atribuciones y que un referéndum, obligatorio y vinculante, solo puede ser convocado por ordenanza. Es el caso de Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche).

Larga saga de desencuentros

El referéndum de las 10 preguntas aparece como un capítulo más en la escalada de confrontación que mantiene Cortés con el Concejo, donde los bloques de oposición tienen amplia mayoría (ocho sobre once), como reflejo del resultado electoral de 2023, cuando el PUL ganó con menos del 20% de los votos.

El intendente se queja de que algunas medidas que considera urgentes para la ciudad -por ejemplo la aprobación de proyectos inmobiliarios con remanente de lotes sociales- quedan bloqueadas en largos debates de comisión. Recurrir al referéndum es para él darle batalla frontal a esa “burocracia”.

Desde los bloques más críticos como Incluyendo Bariloche o Primero Río Negro le imputan falta de “gestión política” para presentar y defender sus proyectos en el Deliberante. Para Natalia Almonacid (de Juntos Somos Río Negro), el camino elegido demuestra “la incapacidad de Cortés para resolver la conflictividad social”.

Algunos de los proyectos que quiere someter al voto directo de los ciudadanos, como la habilitación de Uber o la contribución al turista, fueron presentados por el Ejecutivo al Concejo el año pasado pero nunca avanzaron por la inacción del propio bloque oficialista. Otro como los sueldos del Soyem ya fue tratado y rechazado

La jugada de consultar a los votantes como una llave para salir de ese laberinto puede funcionar como un reseteo de la gestión de gobierno, pero también desatar desafíos políticos que la hundan en un pantano peor.

La discusión jurídica

El encuadre normativo para convocar al referéndum se limita a un solo artículo de la Carta Orgánica Municipal (el 163), que nunca fue reglamentado. La asesora letrada Yanina Sánchez dijo que el intendente tiene potestad para convocarlo por su cuenta, porque la COM dice simplemente que “el gobierno municipal, cuando lo juzgue conveniente, podrá consultar al electorado por medio de referéndum popular…”.

Pero desde la oposición señalan que la palabra “gobierno” involucra a los tres poderes. Y recuerdan que el único referéndum de la historia del municipio. que en 2009 saldó la polémica por la habilitación de un hipermercado, fue convocado por ordenanza.

Más allá de la voluntad del intendente y de su pretendida sintonía con el electorado, las diferencias en torno a esa interpretación de la normativa podrían terminar en la Justicia y entorpecer la convocatoria.

Un par de semanas antes del anuncio de Cortés el bloque de JSRN presentó un proyecto para reglamentar el reférendum. Allí señalan que podría convocarlo el intendente o el Concejo con mayoría especial de sus miembros.

Pero establece condicionantes que impedirían avanzar con la idea del intendente en todo su alcance, ya que excluye como temas de un posible referéndum “las cuestiones tributarias o presupuestarias”, los derechos consagrados por la Constitución o la Carta Orgánica o aquellas que requieran mayorías calificadas para su aprobación en el Concejo, por ejemplo la creación de un nuevo gravamen al turismo.

La concejal de JSRN Laura Totonelli dijo que el espíritu del referéndum, como instrumento de participación, es para “resolver temas controversiales”, y no asuntos “operativos” de gobierno, que Cortés debería ejecutar sin tantos rodeos “porque los prometió en la campaña y porque ya tiene el presupuesto aprobado” con esas partidas, por ejemplo el plan vial o la pileta olímpica.

Facundo Villalba dijo que si van a ser diez pregunta él agregaría una undécima para que la gente vote “si quiere la continuidad o no del intendente” en su cargo. “Sería bueno ver qué dicen, porque evidentemente con este referéndum demuestra que no queire hacer su trabajo”, afirmó.

Estos y otros dardos cruzarán probablemente el recinto del Concejo en la próxima reunión de comisión Legislativa, luego del receso, cuando Cortés debe presentarse a rendir cuentas sobre el propósito y alcance de su convocatoria, según se lo impuso el propio Deliberante al día siguiente del anuncio.

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La Junta Electoral ya puso en marcha los preparativos

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Dada la escasez de antecedentes, una de las dudas tiene que ver con los aspectos prácticos de la organización de un referéndum municipal. La Junta Electoral que integran Ernesto Vicens, Dana Guzmán y Norma Taboada ya trabaja en el tema, a pedido de Cortés, y baraja varias posibilidades para simplificar el comicio.

Estudian la posibilidad de reducir el número de mesas y escuelas, y advierten que será importante la difusión previa para garantizar el “voto informado” y que la sucesión de sufragantes tenga fluidez. El riesgo es que se registren demoras considerables, porque elegir por “sí” o “no” sobre diez preguntas puede insumir más tiempo que el de una elección ordinaria.

Otro tema todavía no aclarado es cuánto va a costar el referéndum. Algunos concejales estimaron que todo el operativo, con autoridades de mesa, impresión de boletas y despliegue de urnas podría demandar de 120 a 150 millones de pesos. Pero en la Junta Electoral lo desmintieron. Algunos aportes realizará la provincia y el municipio debería desembolsar un 10% de la cifra mencionada, aseguró una fuente.