El STJ exigió informe al Ejecutivo provincial por el incumplimiento de la ley de Bosques en Río Negro

El Superior Tribunal de Justicia emplazó al gobierno de Río Negro para que entregue antes del próximo martes “un amplio informe” sobre los incumplimientos y el atraso en la aplicación de la ley de ordenamiento de los bosques nativos, en atención a lo reclamado por dos ongs de Bariloche.

La asociación Árbol de Pie y la fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables se presentaron a la Justicia con un mandamus luego de tropezar repetidas veces con el silencio y las evasivas de la subsecretaría de Recursos Forestales en relación con la protección de los bosques, como lo impuso hace más de 15 años por una ley nacional.

Esa normativa obliga a elaborar un ordenamiento territorial de los bosques nativos, con distintas categorías de protección, y aprobarlo por ley, para actualizarlo luego cada cinco años. Río Negro cumplió en aprobar su primera ley en 2010, pero luego jamás la renovó, ni convocó al consejo consultivo que debe evaluar los proyectos y borradores.

Las organizaciones demandantes señalaron que el ordenamiento territorial “es una herramienta fundamental para la planificación” y la preservación del bosque andino patagónico. En su presentación subrayaron que “el Estado tiene la obligación” de cuidar ese recurso y que la omisión de aprobar periódicamente los mapas de ordenamiento “es ilegal y arbitraria” y carece de justificación.

Consideraron también que esa dejadez de parte del Estado “constituye una amenaza actual al ambiente y un riesgo real e inminente en zonas con bosques nativos sin protección”. Advirtieron que la falta de un ordenamiento actualizado de los bosques “permite la proliferación de proyectos urbanísticos en zonas sin regulación”.

Árbol de Pie y la fundación FADHS le pidieron al STJ a través de la acción de mandamus que intervenga frente a esa situación, dada “la urgencia extrema” de actualización del ordenamiento de bosques y “la existencia de riesgos inminentes, inseguridad jurídica y daños ambientales irreparables”.

La postura del procurador

Esos argumentos no parecieron conmover al procurador general Jorge Crespo, quien en su dictamen se pronunció por rechazar el mandamus, una postura que luego fue desoída por los jueces.

Crespo evaluó que “la solicitud de los accionantes se funda en un perjuicio potencial al ambiente, que no consiguen visibilizar como riesgo inminente”. Consideró que no estaba acreditada la “urgencia extrema” y dictaminó que la solicitud de los accionantes “se funda en un perjuicio potencial al ambiente, que no consiguen visibilizar como riesgo inminente”.

El fallo redactado por el juez Sergio Barotto y fechado ayer desechó el criterio del procurador. Consideró por el contrario que los requisitos del mandamiento de ejecución (mandamus) “lucen acreditados”, entre ellos “el rehusamiento expreso” a cumplir con la obligación legal por parte del “funcionario o ente público administrativo” que resulta cuestionado.

Resolvió entonce declarar admisible y “tener por promovido” el mandamiento contra el Ejecutivo provincial, con la adhesión de sus pares Liliana Piccinini y Sergio Ceci. Conformada la mayoría, los jueces Ricardo Apcarian y Cecilia Criado se abstuvieron.

En la parte resolutiva el STJ dispuso “requerir al ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro -subsecretaría de Recursos Forestales- un amplio informe sobre la cuestión planteada por los accionantes, el que deberá ser respondido en el término perentorio de cinco días hábiles”, que se cumplen el próximo martes.

Urbanización que afecta el bosque

Tomás Guevara, uno de los integrantes de la fundación FADHS dijo que llegaron a la instancia actual luego de “innumerables” gestiones por vía administrativa, con las autoridades anteriores de Recursos Forestales y también con la actual subsecretaria Claudia Contreras, que no dieron resultado alguno.

Señaló que el “detonante” que los impulsó a acudir a la Justicia fue el avance cada vez mayor de emprendimientos urbanísticos que afectan severamente al bosque y que obtienen aprobación municipal sin mayor objeción, por ejemplo en la ladera sur del cerro Otto, en la ladera norte y en la zona del lago Moreno, por ejemplo el ´proyecto hotelero Cauma.

Dijo que la existencia de un mapa ordenador de bosques sería fundamental para encuadrar esos proyectos. Recordó que el mapa existente, aprobado por ley hace 15 años y ya vencido “tiene un montón de vacíos y áreas no clasificadas en el cerro Otto y buena parte del cerro Catedral”.

Guevara señaló que la ley nacional registra aplicación desigual en todo el país, que algunas provincias mantienen “bastante actualizado” su ordenamiento, pero hay “seis o siete que los tienen completamente vencidos”, entre ellas Río Negro.