Gravísima denuncia por el cierre de Vialidad: «Milei y Sturzenegger son responsables del genocidio en las rutas»
El sindicato advirtió que el nuevo esquema impone una lógica fiscalista y represiva, eliminando la participación técnica y federal en decisiones estratégicas.
Tras el anuncio del decreto que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, lanzó una durísima advertencia al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Según la gremialista, «Milei y Sturzenegger son responsables del genocidio en las rutas».
El decreto establece el cierre del organismo que históricamente fue responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de las rutas nacionales. Sus funciones pasarán a depender del Ministerio de Economía y de una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Para Aleñá, esta medida no solo destruye un pilar fundamental del Estado, sino que también pone en peligro la seguridad vial y la integridad de miles de trabajadores.
«Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas», denunció la secretaria general del STVyARA.
Aleñá calificó la decisión como «profundamente ideológica» y vinculada al objetivo del gobierno de Javier Milei de reducir el Estado al mínimo, eliminando áreas estratégicas bajo el argumento —que considera falso— de su supuesta ineficiencia. «La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira», afirmó.
La gremialista pidió a los gobernadores y a las fuerzas políticas que se opongan al decreto, al que acusó de destruir otras áreas clave del sistema de transporte. «El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas«, cuestionó.
Más de 5.500 despidos y 40.000 km «a la deriva»
En números, el impacto es descomunal: más de 5.500 trabajadores quedarían desempleados, 118 rutas nacionales sin control ni mantenimiento y unos 40.000 kilómetros quedarían «a la deriva». Aleñá fue aún más contundente: «Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme», dijo. Y apuntó directamente contra Milei y Sturzenegger: «Son los responsables del genocidio en las rutas».
Otro aspecto alarmante es el destino de los bienes públicos que manejaba Vialidad: edificios, maquinarias e infraestructura que «valen cientos de millones de pesos» pasarán a ser administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). «Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras», denunció.
Aleñá explicó que la medida no es una simple reestructuración administrativa, sino un ataque directo a la capacidad del Estado de planificar y ejecutar obras estratégicas. «Significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones», expresó.
También rechazó los argumentos oficiales que señalan que Vialidad era un organismo sobredimensionado o que se limitaba al «desmalezamiento» de rutas. «Diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones«, subrayó. Y recordó que «no se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia».
Respecto a la supuesta superioridad de la gestión privada, Aleñá advirtió: «Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial». Agregó que «las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable».
Advierten que el traspaso a Economía debilita el enfoque técnico y federal de la planificación vial
Otro punto cuestionado es el traspaso de las funciones al Ministerio de Economía, lo que —según Aleñá— «aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV». También denunció que con la nueva agencia «se impone una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal» y que la medida busca “eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales”.
«Sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal», advirtió.
Por último, Aleñá alertó sobre una pérdida grave de soberanía: «La desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial que implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generará más riesgo para la seguridad y el control de obras».
Y concluyó con una advertencia que resume el impacto de la medida: «Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento. Cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público».
Con información de Noticias Argentinas
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