Instruyen al rector de la UNRN a tomar acciones judiciales por la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (CSPyGE) de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) instruyó al rector Anselmo Torres a coordinar acciones administrativas y judiciales por la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno tiene hasta este lunes 20 de octubre para promulgarlo, dado a que fue respaldado por el Congreso tras el veto de Javier Milei.

A partir de la Resolución 0033/2025 aprobada por unanimidad este viernes, el CSPyGE solicitó que la UNRN avance judicialmente en coordinación con el resto de las universidades que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la Ley N° 27.795. También incluyeron a organismos competentes del Poder Ejecutivo y sindicatos universitarios.

La resolución del órgano colegiado de gobierno surge como respaldo institucional al reclamo por financiamiento nacional en todo el sistema superior educativo.

«Esta defensa se produce a partir de las declaraciones públicas realizadas por funcionarios del Gobierno Nacional que manifestaron la presunta falta de recursos presupuestarios, a pesar de que la ley asegura su legalidad y sostenibilidad fiscal», detallaron.

En este sentido, resaltaron el «serio deterioro de la situación económica y social» de los trabajadores universitarios por «la pérdida progresiva del poder adquisitivo» y también la falta de actualización de las partidas presupuestarias.

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Tras el veto, un nuevo conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

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El Gobierno de Javier Milei dilata la promulgación de las leyes de presupuesto universitario y emergencia pediátrica en el hospital Garrahan, y se expone a un nuevo foco de conflicto en la recta final de la campaña por las elecciones 2025.

El Senado dejó firmes las dos normas el jueves 2 de octubre, al rechazar con dos tercios los vetos aplicados por Milei. El lunes 6, el Congreso comunicó oficialmente al Poder Ejecutivo ambas leyes. El presidente tiene la obligación de promulgarlas, pero hasta el momento no lo hizo.

Aunque la Carta Magna no fija un plazo explícito para la promulgación en caso de insistencia, hay argumentos constitucionales para sostener que son 10 días hábiles, el mismo tiempo que para aplicar un veto. Por eso, la fecha límite sería el lunes 20 de octubre, a solo seis días de las elecciones donde el oficialismo pone en juego la aceptación de su modelo de gestión.