La Agencia de Turismo ya recibió US$ 5 millones en el 2026 y se debate su futuro

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) ya recibió $7.668 millones de su asignación provincial, equivalentes a casi US$ 5 millones.

Para el cierre del año, la participación proyectada ascendería a $10.224 millones, unos US$ 6,6 millones. En infraestructura, ese monto anual representa la construcción de dos escuelas.

Esos recursos públicos corresponden al esquema de financiamiento establecido por ley, que asigna a la Agencia el 45% de lo recaudado en concepto de Ingresos Brutos por las actividades vinculadas con el turismo.

El financiamiento está garantizado por la norma, pero no evitó los inconvenientes en el funcionamiento de una autarquía que todavía busca consolidarse. Las dificultades quedaron expuestas con la renuncia de su director general, Diego Piquín.

Desde el Gobierno provincial remarcan que la ATUR tiene una composición mayoritariamente privada y toman distancia de las dificultades de gestión del organismo. La discusión, sin embargo, excede las responsabilidades por su funcionamiento y alcanza al modelo institucional elegido para conducir la política turística.

El Directorio está integrado por 14 miembros: cuatro representantes estatales, entre ellos su presidenta, la secretaria de Turismo, Sol Canalda, y diez del sector privado.

La ley N° 5771 contempla mecanismos de control específicos. Según su artículo 45, la ATUR definirá su sistema de fiscalización, pero también habilita a los órganos de control interno —Fiscalía de Estado y Contaduría— a “establecer mecanismos especiales para ejercer sus competencias».

La norma establece que esos controles deben considerar especialmente no entorpecer “el funcionamiento fluido” de la Agencia. Ese riesgo parece haberse concretado. Una de las falencias que se advierten en el organismo es la dificultad para alcanzar el dinamismo que se buscaba con su creación.

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En enero, Weretilneck ya anticipaba cambios

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En enero, durante una actividad en Dina Huapi, el gobernador Alberto Weretilneck anticipó su intención de modificar la ley de creación de la ATUR. Valoró entonces el trabajo realizado en materia de promoción turística, pero planteó que algunas funciones delegadas en la Agencia debían volver al ámbito gubernamental.

“Tampoco da para que el Estado se retire absolutamente del Turismo en lo que hace a planificación, a infraestructura, en lo que hace a los vínculos”, sostuvo el mandatario.

Recientemente, el ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, retomó esa posibilidad de reforma, aunque sin precisar sus alcances. “Si hay reforma de la ley, este es el momento”, afirmó al referirse a la situación de la Agencia y al debate abierto sobre su funcionamiento.

Weretilneck ya había señalado esa orientación. En principio, la infraestructura turística y su financiamiento aparecen entre los componentes que el Gobierno provincial pretende recuperar para la gestión estatal.

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La autora y otra mirada

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La legisladora barilochense Marcela González Abdala fue la autora del proyecto de creación de la ATUR, elaborado a partir de un pedido y un análisis compartido con el gobernador.

Actualmente alejada del oficialismo y alineada con los libertarios, la parlamentaria no coincide con la necesidad de modificar la norma. Atribuye los problemas, principalmente, a la falta de conducción, aunque admite que el organismo necesita más tiempo para consolidar su funcionamiento operativo.

“Falta liderazgo estatal de quien conduce la Agencia, que es el presidente. Escucho que dicen: los privados querían la Agencia, ahí la tienen, pero ellos son un sector. Es el presidente quien debe llevar las políticas públicas adelante”, planteó.

González Abdala recordó que la ley fue el resultado de un proceso de consenso y debate con los distintos actores del sector turístico provincial. Para su elaboración, explicó, se analizaron tres modelos de agencias que consideró exitosos: los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Con recursos garantizados por ley, el tradicional debate por el financiamiento se corrió, y pasa ahora por el alcance de la autarquía de la Agencia y el efectivo papel del Estado en la política turística efectiva.