La aplicación de peajes en Río Negro, atada a la viabilidad económica
La idea es comenzar por la Ruta Provincial 69, de uso intensivo por parte de la industria petrolera. El número de vehículos promedio por día será el dato clave. Todavía no cerraron la evaluación previa.
El cobro de peajes a los vehículos que transiten por rutas rionegrinas sigue demorado, un año después de la aprobación de la ley que le dio vía libre, porque todavía no existe certeza técnica sobre su viabilidad económica y el interés que pueda despertar entre las empresas con aptitud para ingresar eventualmente en el negocio.
Como ya fue anunciado, la idea es comenzar con una experiencia piloto en la ruta provincial 69, que va desde la rotonda de la ruta nacional 151 hasta el limite con Neuquén y concentra un importante flujo de vehículos de mediano y gran porte vinculados con la actividad petrolera.
El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, dijo que el dato crucial es el volumen de tránsito asegurado y la razonabilidad de establecer un sistema de cobro tercerizado, ya que la inversión inicial y también la operación tiene costos considerables.
Advirtió que las autopistas de Buenos Aires, que surgen siempre como primer ejemplo, tienen una intensidad de uso sin equivalentes en las rutas de la región.
La ley fue aprobada en mayo de 2024 luego de arduo debate, con 27 votos a favor y 18 rechazos. Según ese texto, el cobro estará restringido a las rutas 69, 2, 6, 8 y 65. Una cláusula agregada a pedido de la oposición fue que el dinero resultante se aplique exclusivamente a obras de mejoramiento vial.
También se estableció que los vehículos particulares de residentes en Río Negro estarán exentos, salvo en la ruta 2 donde el beneficio solo será para los domiciliados en San Antonio y Sierra Grande.
Esa distinción, si es motivo de controversia, quedará para más adelante. En lo inmediato la urgencia es resolver los obstáculos técnicos para poner en marcha el primer ensayo. Echarren dijo que el proyecto rionegrino corre en paralelo con el de Neuquén, que también empezaría a cobrar peaje en la ruta 7, es decir, la continuidad de la 69.
Aclaró sin embargo que en Río Negro está descartado que el Estado compre el equipamiento y se encargue de operar el sistema, una variante que sí está en estudio en la provincia vecina.
Afinar los detalles
El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, dijo que el elemento clave que esperan para avanzar es el estudio de consultoría encargado a través del CFI, del cual ya tienen algunos adelantos y todavía en elaboración. “De ese estudio tienen que surgir tres cosas: la mejor opción técnica, las condiciones de operación y el pliego de licitación”, sostuvo Grün.
Explicó también que el número determinante será la cantidad vehículos que emplean la ruta, y que se expresa en “promedio diario” de extensión anual. Dijo que las mediciones disponibles ubican la cifra para la ruta 69 en “7.900 vehículos, no llega 8.000”, y lo que falta identificar es cuántos serían alcanzados por el peaje y cuantos resultarían exentos.
“Para que cierre la ecuación económica deberían pagar no menos de 4.000 vehículos por día, aunque también depende del valor que se cobre”, afirmó Grün.
Antes de iniciar el cobro, el ministro Echarren admitió la necesidad de efectuar arreglos en la ruta, que presenta serio deterioro. Habló de mejorar el pavimento en un semáforo donde el freno de los camiones ahuelló el pavimento, y también en una alcantarilla, donde se producen frecuentes desbordes del canal de riego.
Dijo que a la hora de aplicar el peaje será necesario “un trabajo fino con las empresas del petróleo”, que son las que más usan esa vía y las destinatarias principales del gravamen.
Sostuvo que se tratará de un “peaje dinámico”, sin detención, por lectura de patente y sistema prepago o bien por envío posterior de la factura, como si fuera una multa. Y agregó un dato a lo dicho por Grün: para que la operatoria les resulte atractiva a las eventuales operadoras, se deberá garantizar “una cobrabilidad mínima del 60%”.
Esos y otros elementos son los que debe afinar el gobierno provincial para asegurar una licitación exitosa y la posterior extensión del sistema a otras rutas, como está previsto en la ley.
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