Las operaciones inmobiliarias crecieron 20% en Río Negro

En el 2025, la cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles en Río Negro creció casi un 20% en relación al año anterior. Expone el movimiento inmobiliario más importante en la Provincia según los datos existentes, más allá de reparos porque esas estadísticas puedan también incluir inscripciones de tiempo atrás.

Según los asientos oficiales, el año pasado, el Registro de la Propiedad Inmueble consignó 10.655 trámites de “compraventa” y es la cantidad más alta de las conocidas. Expresa una suba del 19,6% frente al número del 2024, con 8.897, y un aumento del 11% a la del 2022, que -hasta el 2025- fue la mayor, con 9.593 anotaciones.

Esa reseña virtuosa colisiona con las dificultades y deficiencias que los escribanos transmiten en ocasión de las tramitaciones que deben cumplir en el Registro de la Propiedad Inmueble, durante las gestiones previas y las posteriores de la firma de la escritura del inmueble.

La demora es el núcleo de las quejas de los notarios, que vinculan esa característica esencialmente con la ausencia de digitalización del organismo. Esa insuficiente respuesta estatal no facilita el desarrollo privado, si bien se expresa como una prioridad de las autoridades provinciales.

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La reforma «a pulmón» y el programa del BID

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Un relevamiento del Diario RIO NEGRO confirma que los plazos rionegrinos son más extensos que los que se logran en otros distritos. En Neuquén, Capital Federal o Buenos Aires, las certificaciones iniciales se obtienen entre 15 días y 24 horas, según la solicitud tramitada.

En Río Negro, esos trámites -según los escribanos- se acercan al mes, con la exclusiva posibilidad del trámite simple, que es gratuito.

El director del RPI, Daniel Balduini, niega atrasos y defiende la tarea del organismo, pero sí acepta problemas en la ejecución del proceso de modernización. Se cumple “a pulmón, a costo cero” y “los actuales sistemas son muy frágiles”, explicó.

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La digitalización es un punto pendiente en el Estado provincial, y eso se refleja crudamente en el RPI, que dispone de un programa de financiamiento del BID para concretar el “software y la logística necesaria para lograr un único ecosistema”. Anunciado hace más de cinco años, el plan aún se mantiene en los papeles.

En los últimos meses, Balduini profundizó sus contactos, reuniones y convenios con colegios de Martilleros, Agrimensores y abogados, como también, el Poder Judicial y organismos del Ejecutivo, para “concretar y avanzar en herramientas digitales” para consultas y trámites registrales.

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Las objeciones de los escribanos

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El vínculo institucional con la entidad de los Escribanos casi no aparece. Balduini duda del interés de ellos. Esos profesionales son críticos con las tareas del RPI. La titular del Colegio Notarial de Río Negro, Gabriela Benito dice que “no se trabaja bien” y redunda en las demoras existentes.

Como sus colegas, la escribana enfatiza en la ausencia de digitalización, más allá de los anuncios y ciertos movimientos iniciales. Ella refuerza su afirmación con la actual operatoria en mesa de entrada: la entrega de “cartelitos” con sellos de fecha y número de ingreso del trámite que permiten su seguimiento.

En octubre del 2024, Río Negro eliminó cientos de tasas provinciales y, por eso, la actual gratuidad en las certificaciones de dominio (precisar el titular del inmueble), de inhibición (si existe algún impedimento de venta) y de catastro (precisar la nomenclatura). Estos trámites son los pasos iniciales en las escrituraciones. En las restantes provincias, el costo promedio de esas documentaciones ronda entre los 20.000 y los 30.000 pesos.

En cambio, los gestores se concentran en que la quita de tasas también eliminó un trámite exprés, con otro costo, pero que garantizaba la respuesta en días de parte del Registro.

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Actualmente, Benito afirma que el RPI entrega la documentación del dominio y de inhibición aproximadamente en un mes, casi con el vencimiento de esas certificaciones, fijadas en 35 días.

Esos plazos condicionan los tiempos de la escritura. «Ahí está el cuello de botella”, afirman los letrados mientras admiten que existe más celeridad en Catastro y en la obtención de los libres de deuda.

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Las gestiones y plazos en otros distritos

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Los Registros en Capital Federal, Buenos Aires y Neuquén concluyen esos papeles en 7 a 15 días, que se acortan si se pide y se paga como gestión prioritaria.

Los escribanos porteños pueden obtener sus certificaciones en 24 horas por solicitud “exprés”, con costos de 27.000 a 30.000 pesos frente a los 3.000 y 12.000 pesos de pedidos “simples”.

Un trámite normal tiene respuesta a la semana, entonces la escritura se firma en 15 días, estima Elena Schlenew, escribana en Capital Federal, incluso con un análisis puntual del título de la propiedad que incorpora en la gestión.

El notario neuquino Leonardo Catalá -que integró la conducción del Colegio- estima también la rúbrica de una escritura en Neuquén en 15 días, a partir de que las certificaciones deben entregarse en un plazo máximo de 15 días en la ciudad y de 25 días para las tramitaciones del Interior. Agrega que los tiempos se reducen a dos o tres días si se tramita como urgentes.

Catalá remarca que el servicio del RPI neuquino está totalmente digitalizado, donde la concurrencia solo es necesaria para el ingreso y retiro físico de la documentación.

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Los honorarios de los escribanos en Río Negro no están normados y se rigen por estimativos, pero admiten una marcada disparidad por cada realidad regional.

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En Buenos Aires, los plazos de la formalización de la escritura se calculan en 20 días, a partir de que el Registro bonaerense remite sus trámites dentro de los “siete días hábiles”, con las opciones exprés.

En Río Negro, las escrituras se firman en el mes. Los escribanos reafirman que ese acto constituye el “derecho real de posesión”, pero, en realidad, sus tareas concluyen con la inscripción en el RPI. Ese trámite -según Benito- requiere “no menos de 60 días” en la delegación de Viedma.

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El director niega atrasos y habla de una reforma «a pulmón».

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“Estamos trabajando bien, estamos al día”, declaró el director del RPI, Daniel Balduini, negando demoras en el organismo.

Contó de la baja de personal por jubilaciones no cubiertas totalmente, pero, igualmente, aseguró que el trabajo está “al día”, valiéndose de informes internos en su poder.

Afirmó que la inscripción de las escrituras se cumple en los 30 días y que las certificaciones requeridas se “realizan entre los cinco a diez días”, admitiendo “algún retraso” en la delegación de Viedma porque su cúmulo de expedientes es mayor, a partir de que recepciona solicitudes también del resto de la provincia.

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El funcionario admitió que la digitalización “se hace a pulmón”, “a costo cero”, y “presentamos un grave problema porque nuestros sistemas son muy débiles, entonces cada modificación se tiene que manejar con mucho cuidado”. Calculó que en “seis meses se estaría migrando y así empezar con la actualización del sistema”.

Balduini reconoció un programa del BID para la digitalización del RPI y la decisión del gobierno provincial de su obtención definitiva, pero afirmó que los créditos a las provincias últimamente están retaceados por la Nación.

Balduini entregó un informe de gestión de las delegaciones, consignando fechas de ingreso de los expedientes que están saliendo. Hay disparidad, pero en las certificaciones figuran pedidos entre el 18 de diciembre (Viedma) y el 2 de enero (Bariloche) mientras que en las inscripciones oscilan entre el 24 de noviembre (Bariloche y Cipolletti) y el 5 de diciembre (Viedma), pasando por el 12 de diciembre (Roca).