Millonarios fondos a la cooperativa Viento Sur de Neuquén: fuerte debate por la situación de la «arrepentida»
Fue presidenta de la entidad y ahora es la testigo clave en contra de Diego Mauro y el resto de los imputados. En la misma causa, la fiscalía no confirmó cuándo ampliará la acusación contra cuatro exfuncionarios, algunos ya condenados por la estafa con planes sociales.
El referente del FOL, Diego Mauro, la exdiputada Gabriela Suppicich y otras cuatro personas están imputadas de un millonario desvío de fondos que recibieron del gobierno de Omar Gutiérrez a través de la cooperativa Viento Sur. Gran parte de la acusación se apoya en los dichos de quien fue presidenta de la entidad, Indira Buhlman. Ahora un juez le advirtió a la fiscalía que esa declaración puede carecer de fortaleza porque la mujer no es testigo, sino imputada.
Buhlman quedó en el centro de la escena desde que se presentó como «arrepentida» en la fiscalía y dijo que recibía órdenes de Diego Mauro.
Es un caso parecido a las arrepentidas de la estafa con planes sociales, que pasaron de trabajar con Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz y Marcos Osuna a denunciarlos. Incluso comparten la misma abogada, Antonella Carabelli.
La defensa de los integrantes de la cooperativa, que ejercen Fernando Diez, Mariano Pedrero y Marcos Pastorutti, explicaron en una audiencia realizada el viernes pasado que el testigo es alguien ajeno a los hechos y declara bajo obligación de decir verdad, mientras que el imputado tiene interés directo en la causa y no presta juramento.
El rol de la presidenta de la cooperativa
Buhlman está imputada aunque nunca se le formularon cargos. El abogado Diez remarcó que «fue electa presidenta de la cooperativa Viento Sur en una asamblea por cientos de afiliados y cumplió su mandato íntegro. A nuestros asistidos se les imputa una defraudación al Estado con dinero que fue entregado durante su presidencia. Ella firmó las disposiciones monetarias, hizo transferencias para el pago de sueldos, para adquisiciones de bienes objeto de la investigación, firmó las adendas del convenio».
Según el fiscal Narváez, quien participó de la audiencia con su colega Rocío Rivero y Gustavo Kohon por la fiscalía de Estado, Buhlman no es imputada. «Ella no tenía el conocimiento ni la voluntad de desplegar esas acciones entendiendo que se trataba de un ilícito. Recibía órdenes de Diego Mauro. Él no figuraba, no ponía el gancho».
«Recibía órdenes»
Agregó que tras cotejar las pruebas, llegaron a la conclusión de que la mujer «no tuvo voluntad de llevar adelante las conductas. Recibía órdenes, por eso vino a aclarar que no está involucrada y declaró en la fiscalía».
Diez replicó que «nadie convalida» esa versión de la presidenta de la cooperativa, quien al declarar sin prestar juramento «tiene derecho a decir lo que le parezca». Resaltó que se trata de «una estudiante universitaria, y en la causa hay otras personas que quizá no tengan su nivel educacional, ocupaban posiciones inferiores en la cooperativa, y siguen imputadas».
La resolución del juez
El juez Raúl Aufranc señaló que, en efecto, «se trata de una persona que no declaró como testigo sino imputada» y esa situación procesal «debe ser subsanada».
Agregó que la fiscalía apoya su formulación de cargos «en la declaración de una imputada, no de una testigo» y «esto puede ocasionar inconvenientes en la solidez de una audiencia de control de acusación».
La defensa pidió que se realice una audiencia en la que se disponga su sobreseimiento y se le tome declaración como testigo. El juez Aufranc dijo que en caso de que la fiscalía opte por esa salida, deberá convocar a los abogados defensores para que puedan hacerle preguntas a Buhlman.
La abogada Carabelli indicó en tanto que su defendida «es testigo» y «está abierta a ser entrevistada los los defensores cuando quieran».
Exfuncionarios imputados
Por otra parte, el fiscal Narváez dijo que no puede precisar cuándo ampliará la acusación a más personas que ya designaron abogados defensores.
En la audiencia de formulación de cargos de abril pasado, había anticipado que también imputaría a los exministros de Acción Social Germán Chapino y Abel Di Luca, al exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y al ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler.
Los tres últimos fueron condenados a penas de prisión efectiva por la estafa con planes sociales. La sentencia no está firme.
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