Otro triunfo libertario en el Congreso: cómo fue el debate para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años

La Libertad Avanza se anotó su segunda victoria parlamentaria al hilo. Tras aprobar la reforma laboral en el Senado, el oficialismo y sus aliados avalaron en la Cámara de Diputados el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 14. El proyecto ahora fue girado al Senado, que podría tratarlo el 26 de febrero, al filo de las sesiones extraordinarias.

Hubo 149 votos a favor, de La Libertad Avanza, sus aliados del PRO, la UCR y el MID, el interbloque Unidos (que incluye a Provincias Unidas) y otras fuerzas locales. Entre los apoyos estuvo el del cordobés Juan Schiaretti, en su debut.

Los rechazos fueron 100, de Unión por la Patria, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), el bloque Elijo Catamarca que responde al gobernador Raúl Jalil, y el Frente de Izquierda.

El avance de la iniciativa fortaleció aún más el protagonismo de Patricia Bullrich, quien acaba de conseguir la media sanción de la “modernización” laboral pero también impulsó como ministra de Seguridad la baja de la edad punible. Su proyecto original establecía 13 años, pero el oficialismo volvió a ceder ante el arco dialoguista en pos de lograr el objetivo.

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El trasfondo del debate de la nueva Ley Penal Juvenil en Diputados

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El debate se cargó de sensibilidad con la presencia de algunos familiares de víctimas, como los padres de Joaquín Sperani, asesinado en 2023 en Laboulaye por otro menor de edad declarado inimputable. “Como cordobés, puedo decir en nombre de los padres de Joaquín el dolor que se siente perder a un hijo y después ver a esa persona caminando por la calle como si no le hubiera pasado nada”, dijo el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.

También presenció la sesión Romina, madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado en diciembre pasado por un grupo de menores en Santa Fe. Ese caso fue el que motivó la reapertura del debate en Diputados, luego del intento fallido en 2024.

“La ley actual a todas luces ha sido ineficiente: no previene, no resocializa al menor, no repara ni da soporte a las víctimas para sentir que la impunidad ha acabado”, sentenció la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), quien abrió el debate como presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

Tras recordar que el régimen vigente data de la dictadura militar, la legisladora sostuvo que “todos” los especialistas que expusieron en el debate de 2024 coincidieron en que “entre los 12 y los 14 años, un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley”, y por lo tanto “debe pagar con una pena racional por el hecho cometido”.

Rodríguez Machado aceptó algunas modificaciones finales al dictamen, donde se reforzó la exigencia de alojar a los menores que delinquen en institutos diferenciados de las cárceles de adultos, con el fin de promover una adecuada resocialización.

Los cordobeses alineados al gobierno de Martín Llaryora, que sumaron a sus filas a Juan Schiaretti, votaron todos a favor. “Somos partidarios de que hay que bajar la edad porque le evidencia nos lleva a ver que se cometen delitos donde participan menores”, explicó el diputado democristiano Juan Brügge, y agregó que los 14 años están “en armonía normativa con la región”.

Brügge, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres proponían establecer un esquema escalonado de penas según la edad del menor: planteaban que los adolescentes de 14 años tengan una reducción de la escala penal a la mitad; los de 15 años, una reducción de un tercio; mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años se aplique la escala completa, con un tope máximo de 15 años de prisión.

Por otra parte, el “cordobesismo” calificó como “insuficiente” el presupuesto otorgado para financiar los nuevos institutos de detención y los profesionales que deberán supervisar a los menores. Será un monto total de alrededor de $23.700 millones; para tener dimensión, Brügge precisó que el costo del complejo “Papa Francisco” en Córdoba, para alojar a aproximadamente 150 jóvenes, es de $18.000 millones.

«Han sido las provincias las que han tomado la posta en materia de reinserción, cuidado, educación y tratamiento del menor en conflicto con la ley penal. Las provincias han hecho un esfuerzo presupuestario muy grande, porque la Nación no puso un peso”, advirtió Brügge.

El proyecto incorporó una cláusula que indica que “la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.

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Los argumentos en contra de Ley Penal Juvenil

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Natalia De la Sota, del monobloque Defendamos Córdoba, votó en contra y lamentó que “es un día triste en el recinto”. “Si estamos discutiendo esta ley es porque el Estado falló, y falló la sociedad argentina en su conjunto, y falló la política toda”, consideró. También sostuvo que “esto no previene la inseguridad” porque “el número del delito juvenil es ínfimo”; según interpretó, el objetivo es solo “buscar un título rimbombante”.

Unión por la Patria admitió que es necesario un nuevo Régimen Penal Juvenil, pero rechazó en conjunto el proyecto de Milei. No obstante, el peronismo no podía evitar una división interna: parte del Frente Renovador defendió la baja de la edad a 14 años, en línea con una vieja posición del partido de Sergio Massa.

“Vengo a sostener esa idea: creo que una persona que ha tomado la decisión de lastimar, dañar o matar a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso en el lenguaje en el que yo he sido formado se llama delito y el delito debe tener consecuencias”, sentenció el diputado massista y ex juez Ramiro Gutiérrez.

Entre las voces en contra del kirchnerismo sobresalió la de la cordobesa Gabriela Estévez. “No les importan las víctimas del delito ni rescatar a los jóvenes, sino poner más herramientas para seguir reprimiendo a un pueblo hambreado. Los criminales más peligrosos están adentro de la Casa Rosada”, denunció.

La diputada de La Cámpora también enfatizó que “el debate llega en el peor momento político e institucional de nuestro país desde la recuperación de la democracia”, entre otras cosas por el “desmantelamiento de todas las políticas de protección de los derechos de las niñeces”.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde Bullrich tiene previsto tratarlo el 26 de febrero, para terminar el período extraordinario con la ley bajo el brazo. En esa posible sesión también se discutiría la nueva Ley de Glaciares y el acuerdo de comercio e integración entre el Mercosur y la Unión Europea.