Proponen exámenes y rinoscopía para todos los funcionarios de Río Negro
Es un proyecto para ampliar los alcances de la Ley de Ética Pública. Se exige un certificado psico-físico para ejercer los cargos.
Un proyecto de ley quiere que los funcionarios y legisladores obtengan un certificado psico-físico para ejercer los cargos. Archivo
Un proyecto de ley presentado por el bloque Primero Río Negro propone que los funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y jefes policiales se realicen exámenes médicos, incluyendo una rinoscopía, para ejercer sus cargos.
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La iniciativa la presentó la legisladora Yolanda Mansilla con la idea de ampliar las exigencias que determina la Ley de Ética Pública 3550.
Según el proyecto, los estudios se deberían realizar de manera anual para obtener un certificado psico-físico para los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de Director y miembros de la Policía de Río Negro hasta el rango de Subcomisario; funcionarios del Poder Legislativo hasta la categoría de Director y Legisladores provinciales.
Entre los estudios que se puntualiza se incluye un examen psiquiátrico; rinoscopía (que analiza la cavidad nasal para detectar patología y también eventuales adicciones); análisis de orina y sangre completo.
Mansilla en sus fundamentos señaló que “se trata de ampliar los alcances de la le Ley 3550 de Ética Pública que establece que los funcionarios deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, dignidad e independencia, e incorporando en este caso a miembros de la Policía de la provincia, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública actuando en el cuidado y resguardo de la vida y los bienes de los ciudadanos”.
Mansilla indicó que el proyecto no tiene interés en “valorar los derechos individuales independientes, pero si contrarrestar consecuencias perjudiciales a terceros, e incluso dispone absoluta confidencialidad y programas de rehabilitación en caso de ser necesarios”.
El proyecto invita a adherir al Poder Judicial, al Ministerio Público y los municipios.
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