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La “reparación” policial de Río Negro se abonará en 18 cuotas mensuales

El decreto reglamentario establecerá cómo se cancelará el monto que la Provincia asignará a los uniformados que adhieran a la compensación y renuncien a la instancia judicial. La propuesta alcanza a unos 8.000 policías.

El gobierno provincial concluyó el diseño para pagar la “reparación extraordinaria” a los policías rionegrinos, propuesto como cierre de los reclamos y de las acciones judiciales por liquidaciones mal realizadas del adicional de zona desfavorable.

En marzo, la Legislatura sancionó la ley 5715 donde establece su propuesta “de adhesión”, con montos establecidos por escalafón y por jerarquía que integra la norma.

La última semana, la Fiscalía de Estado concluyó el proyecto de decreto, que se formalizaría esta semana. En el repaso definitivo del fiscal Gastón Pérez Estevan y su equipo también participó un representante de la Legislatura, puntualmente la legisladora de Primero Río Negro, Elba Mansilla, quien había planteado observaciones al mecanismo en ocasión del debate en el recinto.

El reglamento establece que la “reparación” se abonará en un plazo de 18 meses y las asignaciones normadas se actualizarán a partir del valor del punto policial.

El haber de los uniformados se compone con puntos policiales entonces se prevé que el monto total de la suma ofrecida se calcule con esa unidad y, después, cada cuotaparte mensual se abone con el costo del momento.

La escala inicial va desde los 2,5 millones de pesos en la jerarquía de oficial principal a los 3,8 millones en la del comisario general en el personal de Seguridad mientras que en los Técnicos se ubican entre 1,5 millones y los 2,1 millones.

Por caso, las cantidades en agentes y sargentos promedian los 3 millones de pesos. Así, los pagos mensuales -según ese monto original- comenzaría siendo de cerca de 170 mil pesos.

El efectivo depósito dependerá de la previa aceptación del agente, que podría abrirse en mayo y, según explica en el gobierno, después se iniciaría con las cuotas de cancelación.

El registro del gobierno indica que la mitad de los 8.000 policías presentaron reclamos judiciales y el resto se entendía seguirían esos mismos pasos. Por eso, con fallos desfavorables firmes, la administración de Alberto Weretilneck resolvió este esquema de compensación en un intento de neutralizar esa avalancha de acciones en la Justicia.

Los agentes de la Policía pueden mantener o abrir acciones judiciales. La adhesión es voluntaria y se formalizará con la presentación de la “declaración jurada de la que surja su voluntad de desistir cualquier reclamo administrativo o acción judicial por diferencia salarial derivada del cálculo del concepto zona desfavorable por los períodos anteriores”. Este escrito expresará también “la renuncia a efectuar cualquier reclamo posterior”.

El decreto reglamentario establecerá que esa expresión se deberá cumplir en las delegaciones de Trabajo o en los tribunales cuando si existiese un expediente judicial.

El monto de la reparación saldrá de una escala fijada por agrupamiento y jerarquía. Alcanza sólo al personal en actividad, salvo aquellos que hubieran prestado servicios activos dentro de los últimos tres años, quienes percibirán una suma proporcional.


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