Relevaron el estado de salud mental de las personas condenadas en Neuquén

La mayoría de las personas privadas de su libertad en la Unidad 11, la cárcel más grande de Neuquén, «están medicadas» por trastornos de salud física o mental. Todas conocen la medicación que toman, pero apenas una minoría está al tanto de la duración del tratamiento o tiene una revisión adecuada mediante consultas periódicas con profesionales.

Cuando terminan de cumplir su condena no tienen turnos protegidos para continuar su tratamiento, ni salen con recetas o algún resguardo para no interrumpir abruptamente la toma de medicación. Así, los tratamientos farmacológicos quedan truncos.

Estas son algunas de las conclusiones del relevamiento realizado en la cárcel por el Órgano de Revisión de Salud Mental de la provincia de Neuquén, en cumplimiento de su obligación de controlar el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y a partir de recomendaciones del Comité contra la tortura.

La etapa de recolección de información se realizó entre febrero y mayo del 2025; por ese entonces de las 265 personas alojadas en la Unidad, 53 eran usuarias del servicio de psicología y psiquiatría. El muestreo incluyó entrevistas a personal directivo, profesionales de la salud, celadores y detenidos, entre otros.

El informe completo, de 40 páginas, es el más extenso. Trabajos similares se hicieron en las Unidades 12; 16 (donde están detenidas mujeres); la 21 y 22 de Cutral Co y la 31 de Zapala.

Consecuencias del encierro

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Señala, en uno de sus aspectos centrales, que «en general las condiciones de encierro generan o perpetúan trastornos de salud física y mental y sufrimiento subjetivo, que en muchos casos ya existían antes de la prisión, y que se tipifican como: ansiedad, depresión, insomnio, pánico, pensamientos suicidas, dependencia de drogas y alcohol, entre otros».

Por eso «se considera importante que se evalúe la diferencia entre una persona que presenta síntomas reactivos al confinamiento, de una persona con ‘trastorno psiquiátrico’ cuyas raíces preceden la prisión o que se origina dentro del ambiente carcelario».

Esta distinción «es relevante a la hora de elegir los efectos de un tratamiento farmacológico en las personas presas que no son pacientes psiquiátricos, pero que por las condiciones del aprisionamiento pueden tornarse en algo regular», añade el informe.

Un psiquiatra para toda la provincia

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Pone sobre alerta que hay «un solo profesional psiquiatra para 53 personas en la Unidad 11, más todas las personas que realizan tratamiento en las demás unidades penitenciarias, ya que es el único profesional para toda las unidades de detención y comisarías de la provincia«.

Entre las sugerencias al ministerio de Seguridad, incluye «garantizar la presencia de equipos interdisciplinarios dentro de cada una de las unidades de detención; con consultorios acordes, y con las modificaciones edilicias pertinentes a esos fines».

Más recomendaciones

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Del mismo modo, «garantizar y facilitar la presencia de organizaciones sociales dentro de la unidad; completar equipos interdisciplinarios de Salud Mental para poder llevar a adelante procesos de atención y cuidados personalizados y garantizar la contratación de profesionales psiquiatras para personas que actualmente se encuentren en tratamiento psicofarmacológico».

Al ministerio de Salud, en tanto, le recomienda entre otros puntos «designar equipos interdisciplinarios en las unidades de detención, para sostener procesos de atención con adecuada frecuencia de revisión de diagnósticos, esquemas farmacológicos, y trabajo con redes socio-afectivas de la personas de privadas de la libertad».