Persiste la crisis en la mayor cárcel de Neuquén: los presos reciben medicación «sin controles periódicos»

Tras su última inspección a la Unidad 11, el Comité contra la Tortura reportó que la mayor cárcel de Neuquén tiene una atención sanitaria «insuficiente» y que no existe una política preventiva ni de seguimiento de enfermedades crónicas. El organismo planteó que «la situación de las personas con patologías de salud mental es especialmente preocupante: reciben medicación sin controles periódicos ni acceso regular a psiquiatras ni psicólogos».

Sus integrantes recorrieron las instalaciones durante mayo y junio de este año. La visita tenía, entre otros propósitos, observar si las condiciones denunciadas en el informe de monitoreo de 2024 persistían o se habían modificado.

La cárcel estuvo cerrada durante tres años por orden judicial, debido al hacinamiento y la sobrepoblación. Recién este mes se habilitó el ingreso de 18 personas condenadas.

El comité fue creado por ley y tiene autorización para acceder de forma irrestricta a los lugares de detención de la provincia.

Según el informe que presentó en la Legislatura, la unidad mantiene «la precariedad en las condiciones materiales de habitabilidad» con «baños deteriorados, sin grifería ni duchas funcionales en muchos casos, pérdidas de agua constantes, falta de privacidad y ausencia de agua caliente. El sistema eléctrico presenta riesgos serios por cableado expuesto. Las cocinas carecen de ventilación adecuada y los espacios tienen escasa o nula luz natural».

Quienes integran el comité constataron la falta de provisión regular de elementos de higiene «reconocida por el propio personal penitenciario», colchones deteriorados «húmedos y en mal estado».

En cuanto al acceso a la salud, señalaron que hay dificultades estructurales «falta de atención médica regular, escasa atención odontológica, tratamientos psiquiátricos sin seguimiento, ausencia de políticas preventivas y dependencia del apoyo familiar para el acceso a medicamentos esenciales».

Instalaciones eléctricas y viandas

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Remarcaron lo que respecta a las instalaciones eléctricas. Mencionaron que «el cableado expuesto, interruptores defectuosos, artefactos conectados a un único punto de control» podrían «provocar un incendio». «Esta combinación de factores representa un riesgo cierto e inminente para la vida y la seguridad de todas las personas presentes en la unidad», agregaron.

En cuanto a la alimentación manifestaron que las viandas «llegan en mal estado, con mal olor, sabor ácido o directamente incomibles, lo que obliga a las personas a cocinar con los alimentos que reciben de sus familias. Si bien se informó (informalmente) el cambio de empresa contratista, los problemas subsisten, afectando el derecho a una alimentación adecuada y segura, en especial para personas con necesidades alimentarias específicas por razones de salud».

Por eso recomendaron o bien cambiar de proveedor, para pagar por un servicio que realmente sea eficaz, o implementar de forma progresiva proyectos que permitan a las personas elaborar su propia comida como ocurre en algunas unidades de Río Negro.

«La persistencia de estas condiciones, ya registradas en inspecciones anteriores, evidencia una ausencia de políticas públicas que persigan expresarse en mejoras estructurales concretas y configuran una forma de trato degradante, incompatible con los principios de dignidad y humanidad que deben regir la privación de libertad. Ello, a pesar de haberse aprobado una ley de emergencia penitenciaria que comprometía/ avalaba al Ejecutivo a realizar acciones urgentes para atender esta situación«, concluyeron.

El comité se encontró con el mismo panorama cuando recorrió la Unidad 16, donde se alojan a las mujeres. Las condiciones no mejoraron.