Residencias médicas: el Gobierno denunció a los acusados de haber cometido fraude en los exámenes

El Gobierno Nacional denunció penalmente a los médicos acusados de haber intentado cometer fraude en el examen único de residencias médicas. La medida surge por «graves inconsistencias en los resultados obtenidos» y la «circulación de un video en redes sociales», informó el ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

Según indicaron las autoridades, la presunta maniobra de defraudación habría consistido en el uso de dispositivos tecnológicos (anteojos con cámara/audífonos) para filmar las preguntas y enviarlas a un agente externo.

Esta misma persona se habría encontrado fuera del establecimiento y se encargaba de contestar las preguntas mediante Telegram o WhatsApp. «Esta persona habría enviado las respuestas correctas, permitiendo así la masificación del fraude», señalaron.

Desde el Gobierno indicaron que este tipo de conducta se encuentra en el «delito de defraudación en perjuicio de la administración pública» porque se buscó obtener una beca financiada por el Estado mediante «métodos fraudulentos».

Además, apuntaron que esta maniobra ocasionó un «perjuicio económico» para la administración pública, ya que se debió incurrir en gastos adicionales para el «análisis del engaño y la implementación de nuevas instancias de evaluación».

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Cómo continúa el caso del presunto fraude en el examen de residencias médicas

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Desde Salud alertaron posibles irregularidades en el examen del 1 de julio por un «alto porcentaje de aspirantes» que había obtenido puntajes sobresalientes respecto a la media histórica de notas: entre los aprobados, muchos eran graduados que provenían de «universidades poco destacadas».

«En el caso del médico que filmó su examen, por ejemplo, el puntaje obtenido en un examen previo fue de 69/100 mientras que en el examen único fue de 92/100«, añadieron.

Desde el ministerio de Salud informaron que los pasos a seguir se centran en la investigación y recolección de pruebas.

Entre estas, se incluyen declaraciones de los responsables del control y fiscalización, secuestro y análisis forense de dispositivos electrónicos, la presentación de un oficio a la red social X para obtener datos de un video difundido, y datos de las comunicaciones entrantes y salientes de los implicados a las respectivas empresas de telefonía.

«Una vez que se recojan estas pruebas, se solicitará al juez citar a declaración indagatoria a los involucrados», manifestó el Gobierno.

«No vamos a permitir que se acceda al sistema con engaños. El ingreso a las residencias es el primer paso para cuidar la salud de los argentinos: detrás de cada médico hay pacientes que merecen la mejor atención», precisó Lugones en sus redes sociales.