Techo Digno: la causa se extiende a los gobiernos de Baratti y Tortoriello en Cipolletti
La mega-causa penal por las ejecuciones municipales de los planes viviendas de Nación llega a las gestiones cipoleñas. Esos ex intendentes ya designaron abogados defensores y sus audiencias serían en octubre.
Diciembre de 2015. Abel Baratti y Aníbal Tortoriello en la ceremonia del traspaso del gobierno de Cipolletti. Foto Archivo.
La megacausa de Techo Digno, con 17 imputados, entre funcionarios y privados, se extiende a otras ex gestiones municipales que ejecutaron planes de viviendas, con fondos nacionales.
La inclusión está confirmada para Cipolletti, alcanzando las actuaciones de los ex intendentes Ariel Baratti (2011-2015) y Aníbal Tortoriello (2015-2019). Con convenios firmados con Nación, ese municipio inició la construcción de 624 viviendas, cuyo financiamiento y ejecución ingresó en la evaluación penal.
Por solicitud del equipo de fiscales cipoleños -que conduce Santiago Marquez Gauna, Baratti había sido citado para este jueves 29 para formalizar la acusación pero se suspendió por pedido de su defensor oficial Juan Piombo.
La nueva fecha no está confirmada y depende de la Oficina Judicial. Pero, la fiscalía estima su concreción para fines de octubre, ya incluyendo a Tortoriello.
Estas investigaciones arrastran un alto componente político por las condiciones de los involucrados, ex jefes comunales que, mayormente, siguen en funciones o son parlamentarios.
La ampliación a las administraciones de Cipoletti acentuará esa situación porque alcanzará al ex intendente Tortoriello, que está lanzado en su candidatura a la Gobernación por Juntos por el Cambio para el año próximo.
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- los planes federales de Cipolletti que fueron cedidos al IPPV en 2016 para finalizarlos, con fondos nacionales. Sumaron 624 viviendas, repartidas en grupos de 80, 96, 20, 24, 100, 102, 105 y 97 unidades.
Notificado judicialmente, Tortoriello designó a Gustavo Palmieri y Sebastián Perazzolli como sus defensores.
Trascendió, además, que el esquema del municipio cipoleño derivaría además en la responsabilidad de otros funcionarios en relación al mecanismo de la acusación repetida por los fiscales: la recepción de fondos de Nación, la certificación de su ejecución y su constatación de un nivel menor de construcción.
No hay precisiones de las irregularidades cipoleñas. Se sabe que ocho planes inconclusos de Techo Digno figuran en la ley de Río Negro del 2016 para la finalización por parte del IPPV, con envíos nacionales.
Sumaron 624, repartidas en 80, 96, 20, 24, 100, 102, 105 y 97 unidades, con convenios del 2015 y 2016.
Cipolletti se incorpora a las diez administraciones investigadas, con 17 imputados, entre funcionarios y privados.
Ayer, los jueces Julio Martínez Vivot y María Gadano se mantuvieron en el rechazo de las imputaciones a tres empresarios. Ese hecho, cuanto menos, expone una seria contradicción con los magistrados intervinientes en las otras circunscripciones habilitaron seguir con las investigaciones frente a las mismas acusaciones fiscales. Por caso, el constructor Néstor Sarasolla está imputado en los tribunales cipoleños (obra en Fernández Oro) y apartado en los roquenses.
Techo Digno: habrá reunión de los fiscales para repasar cada legajo en Río Negro
Se evalúan, además, otras actuaciones para seguir incorporando en la mega-causa. Sumar, por ejemplo, en Sierra Grande al gobierno de Nelson Iribarren (2015-2019), como también, alcanzar a Cinco Saltos, con las gestiones de Liliana Alvarado (2011-2015) y su sucesor Germán Apul.
En la nómina también figura Roca. Su estudio es diferente y se concentra en que el entonces intendente Martín Soria no construyó y los fondos siguieron depositados. Los fiscales resaltan que esa disponibilidad -según los convenios- se debía restituir a Nación si no se utilizaban.
Primera parte: 10 gestiones, con 17 imputados
Diez gestiones municipales integran la parte inicial de la mega-causa de Techo Digno, con sus intendentes y siete de empresarios.
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia ratificó la continuidad de las investigaciones, después que el Tribunal de Impugnación cuestionara el accionar de los fiscales.
Los funcionarios imputados son los actuales intendentes Luis Ivancich (Godoy) y Renzo Tamburrini (Sierra Grande), y los exjefes Daniel Belloso (Choele Choel), Alejandra Mas (Conesa), Javier Iud (SAO), Gilberto Montanaro (Cervantes), Carlos Pilotti (Río Colorado), María Martini (Bariloche), Pedro Dantas (Campo Grande) y Juan Reggioni (Fernández Oro).
Por su parte, los empresarios son Juan Castelli (Oriente), Luis Saiz (Urbana), Néstor Sarasola (Eraiki), Guillermo Gazzia (Construcciones Normalizadas), como también, responsables de tres cooperativas de Fernández Oro, Fabio Huenchunao, Luis Méndez y Diego Quintero.
Ayer, por segunda vez, los jueces roquenses no aceptaron las acusaciones contra Sarasola, ni las de Longinos de Dios (Eca) y Jacobo Baszkir (Baszkir).
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