Una “arrepentida” de Viento Sur declaró que funcionarios de Omar Gutiérrez les dijeron que usaran la plata “como quisieran”
Dijo que en una reunión en pleno escándalo de Planes Sociales les ofrecieron firmar convenios de capacitación y después "hagan lo que quieran" con el dinero. La fiscalía investiga transferencias por $1.200 millones. Este miércoles les formularon cargos a los exministros Di Luca y Chapino.
Di Luca y Chapino, los exministros imputados por la fiscalía. (Foto: Matías Subat)
En agosto del 2022, mientras estallaba el escándalo de la defraudación con Planes Sociales en Neuquén, en las oficinas del ministerio de Desarrollo Social de calle Rivadavia se reunían líderes de organizaciones piqueteras y funcionarios de Omar Gutiérrez. Alcanzaron un acuerdo: el gobierno les transferiría fondos todos los meses mediante la creación de un convenio para capacitaciones. «Y después hagan lo que quieran con la plata», les dijeron.
Esa es la versión que le aportó a la fiscalía una mujer que presidió la cooperativa Viento Sur y fue administrativa en Cae Babylon, dos de las entidades a través de las cuales se canalizaron 1.208.657.600 pesos entre julio del 2022 y diciembre del 2023, a valores históricos.
Sus palabras tienen sustento en el testimonio de funcionarias de la Contaduría General de la provincia. Declararon que faltaba documentación respaldatoria sobre las capacitación (no había facturas) y que el dinero se gastaba en otra cosa (compra de terrenos en San Martín de los Andes y de vehículos).
«Conflictividad social»
Cuando le hicieron la advertencia al entonces ministro Germán Chapino, «el funcionario solicitó, invocando conflictividad social, que se diera curso urgente al pago del programa».
Los detalles salieron a la luz el miércoles, durante la audiencia de formulación de cargos contra los dos últimos exministros de Desarrollo Social de la anterior gestión, Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino.
Quedaron acusados de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los fiscales Pablo Vignaroli y Rocío Rivero también les reformularon cargos a otros imputados, entre ellos el líder del FOL, Diego Mauro, y la exdiputada de FIT U Gabriela Suppicich.
Los abogados defensores rechazaron los cargos, pero el juez Raúl Aufranc los tuvo por formulados. El próximo movimiento ocurrirá el 8 de abril, cuando vence el plazo de investigación.
El Programa que nació por la paz social
El “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil” fue creado el 18 de agosto del 2022 mediante el decreto 1672 que firmaron Omar Gutiérrez y su ministro Abel Di Luca. Sólo este último está imputado, y ya recibió una condena a 5 años de prisión en la causa planes sociales. No está firme, por eso sigue en libertad.
El objetivo del Programa era capacitar personas en estado de vulnerabilidad para lograr su inserción en el mercado laboral o en emprendimientos de la economía social. Uno de los canales fue la cooperativa Viento Sur, a la que todos los meses le transferían fondos.
Era en pandemia, la crisis social afectaba con fuerza y los piquetes se multiplicaban. El FOL y el Polo Obrero eran dos de los grupos más activos y cortaban con frecuencia la avenida Argentina.
Negociación entre allanamientos
Indira Buhlmann, presidenta de la cooperativa Viento Sur, se convirtió en «arrepentida» y le relató a la fiscalía cómo nació el Programa.
Según su declaración, leída este miércoles por la asistente letrada Agustina Jara, en agosto del 2022 estaban cortando la Avenida (espina dorsal del tránsito en la capital neuquina) y los convocaron a negociar en la sede Rivadavia del ministerio. «Ahí se empezó a hablar de este convenio», dijo.
La testigo arrepentida dijo que recordaba bien la fecha porque en ese momento también estaban allanando las oficinas por el escándalo de Planes Sociales, lo que sucedió precisamente ese mes.
Buhlmann declaró: «Las organizaciones sociales pedían que el Estado los contrate como mano de obra para hacer obra pública, y les explicaron que eso no se podía hacer; pero que (en cambio) podían firmar convenios para capacitaciones y que después hicieran lo que quisieran con esa plata».
El destino de los fondos
El convenio se firmó poco después, ella lo rubricó como presidenta de Viento Sur, y empezaron las transferencias. El primer mes fueron 10 millones de pesos, y hacia el final del gobierno del MPN más de 142 millones.
«Los fondos eran destinados al pago de sueldos de personas del FOL y otras que trabajaban para esas organizaciones», dijo la «arrepentida» a la fiscalía. Además compraron terrenos e hicieron plazos fijos. Ella «nunca vio que se dictaran capacitaciones ni que se compraran cosas para capacitar».
Alerta de la Contaduría General
Su declaración tuvo respaldo en el testimonio de Victoria Ecker, directora de Gastos e Inversiones de la Contaduría General de la provincia.
La funcionaria les contó a los fiscales que pidieron al ministerio de Desarrollo Social detalles de qué capacitaciones se estaban dando, facturas de capacitadores, todo para los controles posteriores del Tribunal de Cuentas».
«Detectaron gastos que no demostraban vinculación directa con el objetivo del programa, como por ejemplo el pago a personas directas», añadió. El ministro Chapino «contestó que se ordene el pago igual», reveló Ecker.
Otra funcionaria del mismo sector, María Celina Armengol, relató que «el aumento de fondos a Viento Sur no tenía respaldo» pero «el ministro solicitó, invocando conflictividad social, que se diera curso urgente al pago del programa».
El convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la cooperativa Viento Sur contemplaba el pago de sumas no reintegrables de dinero.
Detalles de los pagos
La documentación de la fiscalía consigna que los pagos se extendieron desde el 18 de julio del 2022 hasta el 22 de diciembre del 2023, por sumas que fueron desde los 10.000.000 de pesos a los 142.743.040 pesos.
Viento Sur, según la misma fuente, recibió de la Tesorería General de la Provincia, «previa orden dada por los respectivos ministros», aportes no reintegrables por $1.208.657.600 para capacitaciones para integrantes de organizaciones sociales.
«Los ministros que autorizaron esos pagos fueron, en una primera etapa entre el 18 de julio de 2022 al 27 de octubre de 2022, Orlando Abel Di Luca», quien en esa fecha renunció, imputado en la causa planes sociales.
En una segunda etapa «entre el 2 de noviembre de 2022 hasta el 9 de diciembre de 2023» fue Germán Chapino, su sucesor.
En julio del 2024, en una entrevista, RN RADIO le preguntó a Chapino si conocía a Diego Mauro. «He soñado con él, por el tema de los cortes», fue su respuesta.
En agosto del 2022, mientras estallaba el escándalo de la defraudación con Planes Sociales en Neuquén, en las oficinas del ministerio de Desarrollo Social de calle Rivadavia se reunían líderes de organizaciones piqueteras y funcionarios de Omar Gutiérrez. Alcanzaron un acuerdo: el gobierno les transferiría fondos todos los meses mediante la creación de un convenio para capacitaciones. "Y después hagan lo que quieran con la plata", les dijeron.
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