Priorizar el ambiente
La emergencia en 11 provincias del centro y norte del país por los incendios forestales mostró una vez más las nefastas consecuencias para la vida, la salud de las personas y la economía de la escasa atención que prestan los distintos niveles del Estado y parte de la sociedad a los serios problemas ambientales que enfrenta Argentina.
La cuarentena no frenó la quema de vegetación en los principales humedales, terrenos cubiertos de agua dulce o salada y que cubren unas 600.000 hectáreas, un 21% de la superficie del país, parte de ella en la Patagonia. Son ecosistemas complejos y frágiles que coinciden con importantes áreas de producción agrícola y forestal del país, ya que proveen agua dulce, alimento, madera, atenúan inundaciones y son reservorios de biodiversidad. Muchos de ellos están seriamente afectados por la actividad minera, agrícola, ganadera y desarrollos inmobiliarios, a menudo realizados sin planificación ni control estatal.
El 90% de los incendios tienen origen humano, para favorecer alguna de estas actividades. Los efectos más devastadores se ven en Córdoba, donde ya se quemaron más de 50.000 hectáreas, pero hay 13 provincias afectadas. Río Negro está en el top 5 de provincias impactadas por el fuego entre 2019 y lo que va de 2020, con 35.572 hectáreas arrasadas.
Los incendios provocan no solo pérdidas materiales y humanas, implican un importante gasto para el Estado, que debe movilizar bomberos, brigadistas, aviones y helicópteros hidrantes.
La emergencia muestra la escasa atención que damos como país a los problemas ambientales. Desde el Ejecutivo, jamás se ha jerarquizado la tarea. Distintos gobiernos han designado en ministerios y secretarías de Ambiente a personajes con escasos conocimientos y experiencia para el cargo, vistos más como un “premio consuelo” para aliados políticos que como factores estratégicos.
Al Congreso ingresaron ya 14 proyectos para regular los humedales, sin que ninguno avance, debido al fuerte lobby de sectores agrícolas, forestales, ganaderos, mineros e inmobiliarios, asociados a políticos que ven a cualquier regulación como un freno para la actividad económica.
Del lado de la Justicia, pese a haber cientos de denuncias sobre talas, contaminación, desvíos de cursos de agua y quemas ilegales, poco se avanza en identificar a los responsables y menos en castigarlos.
Sin dudas que no es posible conservar en forma intacta e impoluta ambientes vitales para la actividad económica y humana, pero sí lo es planificar estas actividades para un aprovechamiento sustentable de los recursos y prevenir la degradación que sufren los ecosistemas, muchos en riesgo de desaparecer.
Se trata de definir de manera ordenada y con información científica qué actividades productivas y a qué escala son posibles en función de las posibilidades ambientales en cada territorio.
Las leyes solas no alcanzan. El mejor ejemplo es la Ley de Bosques, que busca ordenar territorialmente el manejo sustentable de áreas forestales. Sin embargo, tanto Nación como las provincias la incumplen desde hace más de diez años, desviando los fondos destinados a productores, planes de manejo sustentable y los recursos para brigadistas y prevención de incendios.
Desde 2007 se perdieron 3.500.000 hectáreas de bosques nativos, a un ritmo de 300.000 por año, estima la Fundación Vida Silvestre.
Si Argentina desea combatir la pobreza que afecta a más de 18 millones de sus habitantes, no puede darse el lujo de no ocuparse seriamente de sus recursos naturales. Debiera jerarquizar los organismos que inciden en el área en todos los niveles del Estado, incorporando a la planificación el conocimiento que aportan el mundo académico y organizaciones sociales y ambientales.
Y, como ciudadanos, debiéramos exigir a los gobernantes políticas coherentes y acciones inmediatas para enfrentar la crisis ambiental, tomando conciencia de que no puede haber desarrollo sin preservar adecuadamente nuestros ecosistemas y los recursos y servicios que éstos brindan.
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