Procesan al expresidente de Viarse y a Sansuerro

VIEDMA (AV)- Como coautores del delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública” fueron procesados el expresidente de la exViarse, Miguel Pedranti, y el exintegrante del directorio de esa empresa, Carlos Sansuerro.

Por la maniobra investigada se les imputa haber ocasionado un perjuicio económico a Viarse de 248.878 pesos, además de un indebido lucro a favor de un tercero, presuntamente el Sindicato de Trabajadores Viales, cuyo secretario General era también Sansuerro.

Este es el primer procesamiento para Pedranti pero no para el segundo -quien además de integrar el directorio de la empresa conducía el gremio vial-. Sansuerro está detenido desde hace tiempo por casi 700 estafas cometidas por vender -a través de House Vial- inexistentes lotes para construir viviendas. Sólo en el Alto Valle sobre 165 terrenos disponibles habría vendido 585, según consignó un reciente procesamiento confirmado en su contra. Desde hace más de un mes enfrenta el primer juicio que se realiza en Roca.

El juez penal de Viedma Favio Igoldi dictó además la falta de mérito al contador Luis Felipe Suárez y a Rubén Zahonek en los dos hechos investigados en esta causa.

El primero de ellos ocurrió el dos de agosto de 2010 en el marco de una reunión de directorio realizada en la empresa, oportunidad en que el presidente, Miguel Pedranti; el vicepresidente, el fallecido Héctor Pérez ; y el director Carlos Sansuerro “quienes administraban los bienes de la entidad violaron los deberes impuestos dictando la resolución Nº295/10 por la cual se convalidaban las obligaciones asumidas por la comisión paritaria provincial, concretamente la que autorizaba el otorgamiento 0,4% a aplicar sobre el total de la remuneración bruta sujeta a aportes previsionales, en concepto de contribución solidaria mensual para el Camping Asociación sin fines de lucro cuyos componentes están integrados por el personal vial, cuyo objetivo es la asistencia mínima para su funcionamiento en beneficio del personal”.

Igoldi consideró que con ese obrar, que además habría importado el incumplimiento de las normas administrativas que regulan las erogaciones del erario público provincial (Ley 3186) y “perjudicado los intereses confiados desde que los fondos afectados al cumplimiento de la mentada obligación fueron indebidamente sustraídos del objeto social de la empresa y, por consiguiente, ocasionado el perjuicio económico consignado y el indebido lucro a favor de un tercero, todo a partir de la efectivización de las transferencias mensuales concretadas desde julio de 2010 hasta diciembre de 2011”.