Provincias rebeldes

El hecho de que el Ministerio de Economía se haya sentido obligado a amenazar a varios gobiernos provinciales con suspenderles la asistencia financiera a menos que se pongan a cumplir con sus compromisos nos dice mucho sobre la causas del descalabro de un país cuyos problemas son en teoría menores en comparación con los de otros que así y todo han logrado prosperar. Aunque los gobiernos de dichas provincias, una de las cuales es Río Negro, pueden atribuir sus dificultades a una variedad de factores objetivos, en el fondo éstos han pesado menos que su propia falta de voluntad. Es que lo mismo que tantos otros integrantes de la clase política nacional, con muy pocas excepciones, los gobernadores y sus colaboradores se creen convocados para luchar contra el ajuste de turno, contra la prepotencia de Buenos Aires y, cuándo no, contra el Fondo Monetario Internacional. Si bien a esta altura los más entienden que sus posibilidades de triunfar en esta empresa son escasas, están tan acostumbrados a pensar de esta manera que les cuesta mucho asumir una actitud positiva. Para colmo, la hostilidad hacia «los ajustes», es decir, contra cualquier intento de administrar el sector público local con cierta racionalidad, está plenamente compartida por todos sus subordinados, de los cuales la mayoría abrumadora procede de movimientos políticos que han hecho de la resistencia a la responsabilidad fiscal su razón de ser. Así las cosas, no puede sorprender a nadie que, a diferencia de lo que sucede en muchos países avanzados, aquí el gasto público haya seguido aumentando aunque, como es lógico, los políticos, los sindicalistas que representan a los estatales, voceros eclesiásticos y otros se han esforzado por convencer a la ciudadanía de que a partir de 1991 el gobierno nacional se ha dedicado a hambrear al sector público, planteo que parece ser cierto porque en el lapso así supuesto su desempeño no ha cesado de deteriorarse.

En parte, se trata de un problema ideológico: para la mayoría abrumadora de los políticos -aunque no para «la gente»-, el capitalismo moderno sigue siendo un sistema ajeno, para no decir «inhumano». Sin embargo, también es estructural porque siempre ha sido del interés de los dirigentes provinciales ya oponerse al gobierno nacional, acusándolo de ser el responsable de todas sus desgracias, ya procurar aprovechar sus necesidades políticas coyunturales actuando como aliados a cambio de ayuda especial. Las relaciones resultantes han supuesto que en algunas jurisdicciones el activo económico más importante es tradicionalmente el poder político del gobernador de turno, el cual, hábilmente manejado, les permitirá conseguir cantidades impresionantes de «dinero fresco».

Sería difícil exagerar el aporte a la decadencia del país de este sistema perverso en el cual casi todo depende del funcionamiento de una espesa malla de vínculos clientelares. La consecuencia más evidente ha consistido en que a virtualmente nadie le interesan temas como la eficiencia, la productividad, la buena administración o el control del gasto público. Por el contrario, por motivos patentes, a muchos gobernadores, para no hablar de los opositores locales o lobbistas sectoriales, les conviene hacer gala de su propia incapacidad: de producirse un buen «estallido social», el gobierno nacional podría verse forzado a enviarles la ayuda que necesitan para financiar sus propias actividades políticas. Hasta ahora, este esquema ha funcionado bastante bien desde el punto de vista de los dirigentes de provincias dominadas por personajes de mentalidad anticuada, aunque para los demás ha sido un desastre sin atenuantes por haber contribuido a frustrar el desarrollo regional, pero era previsible que un día resultaría insostenible. Según parece, este día ya ha llegado, de ahí la postura más firme de Cavallo frente a las súplicas de los políticos provinciales que no han manifestado entusiasmo alguno ni por cumplir sus compromisos ni, huelga decirlo, por administrar sus jurisdicciones con la máxima eficiencia a sabiendas de que en adelante no les sería dado flexibilizar una y otra vez los presupuestos con la seguridad de que siempre les resultaría posible convencer al gobierno nacional de que le sería provechoso ofrecerles una nueva última oportunidad para poner su casa en orden.