Punto de inflexión, y nuevo escenario político económico

“La actividad se ha liberado en gran medida, que me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra porque la gente sale”. Así se refirió el Presidente Alberto Fernández a la polémica que persiste en relación a las restricciones a la circulación y encuentros sociales a raíz de la pandemia. Fue en ocasión del anuncio de la vacuna contra el Covid 19 que el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford producirán en Argentina en sociedad con el laboratorio MabXience. Una noticia que de concretarse en potencial de alcance, efectividad y nivel de producción, coloca al país a la cabeza del continente en cuanto a la lucha contra la enfermedad.
La semana que acaba de terminar no fue una más. El acuerdo alcanzado con los acreedores privados se trata sin duda de la noticia económica en lo que va del año, y de cerrase el próximo 4 de septiembre con el alto nivel de adhesión que anticipan los especialistas, será un acuerdo que sentará precedentes a nivel internacional. Pero en lo inmediato, el acuerdo se convirtió en un verdadero punto de inflexión, tanto a nivel económico como político, y sirvió como puntapié inicial del relanzamiento de la gestión de gobierno.
El revuelo político que se verificó esta semana no se veía desde los días previos a la pandemia. Hasta hace dos semanas, la iniciativa política desde la oposición pasaba casi en exclusividad por las críticas a las restricciones económicas establecidas para combatir el virus, y por el combate en contra de la reforma judicial que se debate en el Congreso. La concreción del acuerdo no obstante, generó el regreso intempestivo de Elisa Carrió a la arena pública, sacudiendo el letargo del principal espacio opositor con sus habituales declaraciones explosivas.
De la misma forma, el ex Ministro de Economía del gobierno de Fernando De La Rua, Ricardo López Murphi, habló públicamente acerca de su intención de conformar un frente liberal que incluya a los ex candidatos presidenciales José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, y que logre la adhesión del espacio libertario, cuyo principal referente es el histriónico economista Javier Milei.
En pocas palabras, la exitosa re estructuración de la deuda operó como puntapie inicial de la carrera electoral del año 2021. Hablar de elecciones cuando apenas transcurrió un año de las PASO y gran parte de los agentes económicos se debaten entre sobrevivir o bajar las persianas, luce extemporáneo y hasta perverso. Sin embargo, ninguno de los actores quiere perder terreno o quedar rezagado en el debate, y el acuerdo los lanzó obligadamente a la carrera ante la fortaleza política que significa para el gobierno el éxito de la negociación.

En términos económicos, lo que señala la agenda es el inicio de lo que será una ardua negociación con el Fondo Monetario Internacional. Desde el cambio de conducción, el organismo multilateral ha demostrado una flexibilidad inusual en su historia. Habitualmente los procesos de re estructuración se inician acordando un programa de revisión y ajuste con el FMI, para luego sentarse a la mesa con los acreedores una vez obtenido el aval del organismo. En esta oportunidad en cambio, el Fondo habilitó a la Argentina a negociar primero con los bonistas, y respaldó explícitamente la posición argentina.
No obstante, nada hace suponer que al momento de discutir cómo se re programarán los vencimientos por los u$s 44.000 millones que el FMI entregó a la administración Macri, las exigencias del organismo escapen al conocido poker de medidas que históricamente formó parte de sus recetas: ajuste fiscal, reforma previsional, flexibilización laboral, reforma tributaria. Son los temas que comenzarán a ocupar la agenda del debate público más temprano que tarde.
En efecto, el Jefe de Gabinete confirmó esta semana que en septiembre los jubilados recibirán un aumento por encima de la inflación. El gobierno comienza a instalar así la discusión sobre lo que debería ser la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. Una discusión que inevitablemente estará cruzada por las exigencias del Fondo.
Con todo, lo que el gabinete económico de Alberto Fernández se propone, es comenzar a mostrar una gestión activa, con el foco puesto en la reactivación del nivel de actividad. La certeza de que la billetera del estado estará más aliviada hasta 2023, permite al gobierno poner en práctica la estrategia clásica del peronismo en el poder, utilizando el gasto público para movilizar la demanda privada.
Un informe dado a conocer esta semana por el Indec, da cuenta de la realidad que atraviesa la industria tras cinco meses de pandemia. Los datos son los que movilizan al gobierno a focalizar los programas de incentivo en el sector productivo.
El citado informe se titula “Encuesta cualitativa de la industria manufacturera durante la emergencia sanitaria”, y revela que el 46,4% de los establecimientos industriales argentinos operó con normalidad durante las restricciones por la pandemia, mientras que el 48% lo hizo parcialmente, y el 5,6% no tuvo actividad productiva.
El dato más preocupante y que a la vez da una señal clara de la desaceleración que atraviesa la economía, es que entre las empresas que tuvieron dificultades, el 27,1% manifiesta que estuvo habilitado para trabajar, pero no recibió pedidos (ver gráfico adjunto). En efecto, la demanda privada está deprimida a niveles que no se registraban desde la crisis del año 2001.

El segundo aspecto que aborda el informe oficial, es el impacto que tuvo la pandemia sobre los distintos sectores de la industria nacional. En el segundo gráfico adjunto puede apreciarse que tanto el rubro alimentos, como el relacionado a la refinación de combustibles, prácticamente no se detuvieron. En el otro extremos, existen sectores que estuvieron virtualmente paralizados. Es el caso de la industria automotriz, donde el 73% de las empresas indica que solo pudo operar parcialmente, o del rubro textil y calzado, donde el 53,3% trabajó parcialmente y el 23,8% no registró actividad productiva durante la pandemia.
Ante tal panorama, el gobierno se alista a lanzar una serie de iniciativas que ponen al estado a derramar recursos sobre la matriz productiva privada, a fin de poner en marcha la rueda de la producción, y reactivar la demanda.

El abanico de medidas que prepara el gobierno es amplio, pero puede dividirse claramente en dos partes. Las primeras, netamente enfocadas en las familias. La primera señal de ello, fue el relanzamiento del Plan ProCreAr. Las líneas cuya inscripción ya está habilitada, recibieron más de 100.000 solicitudes en la primera semana. La segunda medida, es el debate ya instalado respecto a lo que sucederá con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al que se buscaría convertir en una “renta universal” que alcanzaría al menos a un tercio de los que hoy reciben el beneficio. La tercera, es un nuevo cuadro tarifario para la energía, lo que hace suponer que no habrá tarifazos a fin de año.
El segundo grupo de medidas, se dirige a las empresas, principalmente aquellas que trabajan en los sectores más golpeados, o en aquellos que se evalúan como potenciales generadores de empleo. Emerge en este nuevo escenario, la figura del Ministro de Producción Matías Kulfas. El funcionario explicó esta semana que el gobierno fomentará la reactivación en ciertos sectores, y también marcó la cancha en relación a la reforma tributaria. “Están en estudio estímulos fiscales y laborales, y se definirá en qué vamos a invertir, los nichos de negocios rentables, no creemos que con bajar los impuestos mágicamente haya una lluvia de inversiones”, indicó el Ministro. Puntualmente se habla en los pasillos de un programa dirigido al sector agroindustrial, de una iniciativa relacionada con la producción de litio, de la postergada Ley Vaca Muerta, del fomento a la economía del conocimiento, y de una fuerte apuesta a las energías renovables.
Sobre el papel, todos los planes son exitosos. Por lo pronto, el acuerdo con los bonistas parece haber despertado al gobierno, que comienza por fín a mostrar las cartas de su programa económico.