Rechazo a la mesa de reconciliación

BUENOS AIRES (ABA) – Representantes de organismos de derechos humanos, entregaron ayer en la Casa Rosada un documento dirigido al presidente Fernando de la Rúa, en apoyo a los «juicios por la verdad», y rechazando «el respaldo del jefe del Ejército -con la aquiescencia del ministro de Defensa-, a los militares sancionados que se negaron a declarar».

El escrito fue presentado por Noemi Labrune (Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén), Nora de Cortiñias (presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora) y Liliana Orfanón (Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas), en representación de once entidades afines.

«Los juicios por el derecho a la verdad demuestran que existen magistrados empeñados en aplicar la Constitución por encima de leyes y decretos que inauguraron una era de impunidad… e imponen a todos por igual (civiles y militares), el cumplimiento de sus obligaciones ante la ley», reza el texto destinado al titular del Ejecutivo.

Las peticionantes, coincidieron en criticar el papel de De la Rúa. «El presidente no puede ser neutral, debe tener una postura ética, y como Comandante de las Fuerzas Armadas su obligación es sancionar al Jefe del Ejército Brinzoni, por salir en respaldo de los militares que no se presentaron a declarar», expresó Cortiñias a «Río Negro».

Esta última, criticó al ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, por «intentar que la Corte resuelva que los testigos puedan declarar sin juramento de decir verdad, lo que haría inútil la prosecución de los procesos».

De todos modos, insistirán en que «las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, no se pueden aplicar a la desaparición forzada de personas, por ser un delito continuado que se sigue cometiendo mientras la persona no aparezca», explicó la letrada de la Asociación por Derechos Humanos, Mirta Mántaras, en diálogo con esta agencia.

La «mesa de reconciliación» con la participación de la Iglesia Católica, propuesta por el sector militar, puede decirse que murió antes de nacer en atención a las afirmaciones realizadas a «Río Negro», por las tres integrantes de organizaciones de derechos humanos.

«No se pueden sentar a dialogar los genocidas con sus víctimas, para buscar la impunidad de los represores. El caso de Chile es muy distinto porque allí no se ha avanzado en materia de derechos humanos», afirmó Labrune.

En tanto, Cortiñas, acotó que «la Iglesia salvo contadas excepciones fue cómplice del Terrorismo de Estado, por lo que la convocatoria es inconducente». De tal modo rechazó la defensa que del intento dialogista realizó el ministro del Interior, Federico Storani.

«Las de Gil Lavedra y Storani son frases. Lo único válido es dejar actuar a la justicia con independencia», destacó Orfanón.

El hijo de Cortiñas está desaparecido desde 1977, mientras que Orfanón perdió a los dos suyos un año antes. Junto a Labrune ambas desafiaron el intenso frío que cruzaba la Plaza de Mayo y luego dejaron el mismo petitorio en el Ministerio de Defensa.

Piden procesar al cura Vara

BAHIA BLANCA (DYN y AV) – El fiscal del Juzgado federal Nº 1 de esta ciudad, Antonio Castaño, solicitó la declaración indagatoria y el procesamiento por participación secundaria en los delitos de tortura, del sacerdote Aldo Omar Vara.

Este pedido se desprende del proceso para conocer la verdad histórica sobre los desaparecidos que lleva adelante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

El fiscal hizo su pedido al juez federal Alvarez Canale la semana pasada pero recién se conoció hoy y según versiones judiciales, ya habría sido denegado por el magistrado.

El sacerdote declaró en noviembre pasado ante el tribunal que lleva adelante el denominado «juicio por la verdad» y admitió haber tomado contacto con tres jóvenes estudiantes secundarios que le narraron haber sido torturados y detenidos en el campo de detención clandestino conocido como «La Escuelita».

El pedido de procesamiento se fundamenta en jurisprudencia nacional e internacional sobre crímenes de lesa humanidad y a su participación «omisiva» con «una actividad que favoreció hechos aberrantes, colocándose en una posición de convivencia dolosa con los represores».

Castaño recibió el pedido de procesamiento por el delito de encubrimiento de torturas de parte del fiscal general Hugo Cañón y tal como anticipó a ¨Río Negro» a mediados abril, cambió esa figura por la de «partícipe secundario de torturas».

El agente fiscal confirmó que Vara era «civil¨ y no un capellán militar por lo tanto no puede beneficiarse con los alcances de la ley 23.521 conocido como de Obediencia Debida. En la actualidad el cura desarrolla su actividad en una parroquia del barrio Villa Rosas de esta ciudad y cuando se conoció su comportamiento ante los alumnos de la ex Enet un grupo de «Laicos Autoconvocados» comenzó a juntar firmas para pedir su «destitución» ante el obispo Rómulo García.