Rechazo a los traslados en Violencia Familiar

NEUQUEN (AN).- Con un paro sorpresivo y un abrazo simbólico al edificio donde funciona el servicio de Violencia Familiar, los trabajadores del área cuestionaron ayer la decisión del ministerio de Acción Social del gobierno provincial de trasladar a cinco profesionales a otros centros de atención. De la protesta participaron representantes de organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, trabajadores de Fasinpat -ex Zanon- y la defensora del Niño y del Adolescente, Nara Osés, que firmaron un petitorio en rechazo al desmantelamiento del servicio orientado a ofrecer protección y asistencia para hacer frente a los casos de violencia en el ámbito de la familia.

También el defensor del Pueblo, Juan José Dutto, la diputada del ARI-Encuentro Neuquino, Beatriz Kreitman, el presidente del Concejo Deliberante, Néstor Burgos, y representantes del departamento de Servicio Social de la UNC, entre otros, concurrieron en apoyo a la continuidad del programa que está en vigencia desde la sanción de la ley 2.212 en junio de 1997. Aunque Kreitman recordó que el servicio funciona desde hace unos 18 años.

«Es ilegítimo y unilateral por parte del ministerio el desmantelamiento del dispositivo de abordaje interdisciplinari existente en este servicio», indicaron los manifestantes.

«No nos dejamos engañar, cuando hablan de descentralización para referirse al último paso para vaciar los restos de los recursos públicos existentes», plantearon los trabajadores del servicio de Violencia Familiar.

El organismo atiende a 750 personas (590 mujeres y 160 hombres), según los datos del primer semestre de este año. La cifra supera ampliamente al equipo de profesionales. Por eso, advierten que los traslados representan un desmantelamiento.

El abrazo se efectuó antes del mediodía, y luego hubo numerosas intervenciones por parte de los representantes de las organizaciones sociales que concurrieron a la protesta para repudiar la desarticulación del servicio.

Kreitman presentó pedidos de informes a la responsable de la subsecretaría de Coordinación del ministerio de Acción Social, Nilda Alambillaga, a partir del conflicto que gene

raron los traslados de los profesionales. Alambillaga responde en forma directa a la ministra del área, María Oscos, que se encuentra en plena campaña electoral porque es candidata a diputada nacional por el MPN.

La diputada quiere conocer cuáles son las causas que motivaron la decisión de desmantelar el programa. Además, «las razones por las que los recursos humanos fueron reducidos provocando un debilitamiento del servicio», y los motivos de las notificaciones de traslados y reubicaciones a otros centros de atención. Justamente, Kreitman le reclamó a Alambillaga que informe las tareas que deberán realizar los profesionales trasladados.

También le solicitó que informe cuál es el grado de cumplimiento de la ley 2212 y su decreto reglamentario.

Kreitman envió otro pedido de informes a la subsecretaria de Educación y presidenta del Consejo Provincial de Educación, Elva Chaquírez, para determinar «si se ha incorporado en la currícula de los Institutos de Formación Docente a partir del ciclo lectivo 2002, una materia destinada a la capacitación de la problemática de violencia familiar» tal como lo establece la ley 2.360, que modificó la 2.212.