Reclaman que los condenados vayan a cárceles comunes

La querella de la APDH insistió con el planteo de “cárcel común” para los acusados, que en su mayoría llegaron a este juicio con prisión domiciliaria y en libertad ambulatoria, en el caso de los menores de 70 años. Los únicos acusados que permanecen encarcelados son Jorge Di Pasquale –por antecedentes de prófugo–, Raúl Guglielminetti y Antonio Camarelli, ambos sujetos a otros juicios de lesa humanidad en el país, donde los tribunales no accedieron a darles la excarcelación.

“La vejez se confunde con enfermedad y hay una interpretación sesgada de la prisión domiciliaria”, reclamó Goñi. El abogado querellante insistió en que los acusados en el juicio cometieron “crímenes atroces”. Remarcó que por tratarse de tal extremo deben finalizar sus días en la cárcel.

En los últimos 40 años “gozaron de la absoluta impunidad y disfrutaron de la juventud la libertad y la familia” mientras las víctimas vivían el “calvario” en demanda de justicia. “Siguen siendo torturadores porque han elegido perpetrar sus crímenes cada vez que niegan” a los familiares todo dato respecto al destino de los desaparecidos, describió. “Han elegido perpetrar el sufrimiento humano”, sostuvo.

Puntualizando la argumentación el abogado exigió que se les revoque la libertad ambulatoria y vayan a la cárcel Miguel Cancrini, Gerónimo Huircaín, Saturnino Martínez, Miguel Ángel Quiñones, Emilio Rosar, Ramón Saboredo, Luis Sires, Julio Villalobo y Gustavo Vitón.

“La vejez no les atribuye inocencia”, dijeron los querellantes para fundamentar el monto de las penas que pidieron para todos

los imputados.