Reforma política: hablan los obispos

La Iglesia rionegrina comenzó a asumir posiciones en el debate de la reforma política.

Así, el Obispado de Viedma reclamó un mecanismo público para designar a los miembros de los órganos de control, planteando su integración con «personas ajenas al gobierno o de la oposición».

Además, propone establecer «la periodicidad del mandato de los jueces a través de concursos de antecedentes y oposición».

También, quiere limitar que los «cargos legislativos podrán ser reelectos por un solo período más, evitando la consolidación de la tan criticada clase política», plantea en otro punto del documento.

Entre consultas realizadas, el gobernador Miguel Saiz se reunió con los obispos de Río Negro y los exhortó a participar del debate de la reforma política.

En una misiva de tres páginas, el Obispado viedmense -que conduce el obispo Esteban Laxague- hizo pública su posición.

En la introducción, la misiva expresa la «necesidad de reformas que refuercen la autonomía de ciertas instituciones, estableciendo y fortaleciendo la separación entre Estado y gobierno». Cuestionó que «Estado y gobierno han actuado como una sola cosa. Ya no pueden, no deben seguir haciéndolo. Es preciso entregar poder a la Legislatura, al Poder Judicial y a los organismos de control».

El documento transcribe 15 puntos. El primero reclama que «la designación de los miembros de los órganos de contraloría debería hacerse por listados públicos integrados por personas ajenas al gobierno o de la oposición».

También, requiere modificar «l política de ingresos económicos para impedir seguir endeudando al pueblo con nuevos créditos».

Además, el Obispado de Viedma solicita la existencia de «leyes que rijan y normaticen las políticas públicas, las empresas estatales, el funcionamiento, alcances y autoridades de aplicación, con la obligatoriedad participativa de los sectores laborales y sociales que a priori son beneficiados por las mismas».

Mientras tanto, propicia integrar al Consejo de la Magistratura -como organismo de selección y remoción de jueces- con «la participación de la organización representativa de los trabajadores judiciales y de fuerzas sociales para alejarlo de la presión política y corporativa».

También propone «crear en órbita del Poder Judicial una comisión especial dentro del Ministerio Público para centralizar y coordinar las acciones frente a casos graves y complejos de corrupción. Deberá tener capacidad de recibir y formular denuncias, controlar la evolución del patrimonio de los funcionarios y hacer cumplir las obligaciones impositivas e igualdad ante la ley de todos, sin excepción».

Por otra parte, en lo judicial, la Iglesia quiere crear «el Fuero Penal Económico con plena capacidad para investigar y juzgar los hechos económicos que atenten contra el patrimonio del Estado y del pueblo».

También señala como necesario reformar «la ley de financiamiento de los partidos políticos para desterrar las llamadas cajas ocultas y hacer transparente el manejo de los fondos públicos destinados a los mismos».

Entre otros puntos, la propuesta requiere la publicación de «los antecedentes académicos, cívicos y políticos de los candidatos a cargos en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo». Y se advierte que debe preverse «establecer la obligatoriedad del Ejecutivo para reglamentar las leyes, en un plazo de 180 días, para evitar que se burle el espíritu y signo por los cuales se promulgaron». (AV)

Nota asociada: Llega la hora de los debates  

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