Revés judicial para el municipio

El STJ ratificó un fallo contra la comuna de Bariloche. Deberá reconocer 8 millones por aportes no depositados.





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Archivo(Foto: El gremio había efectuado un reclamo ante la Justicia por el incumplimiento municipal. )

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó una sentencia de la cámara laboral de esta ciudad que había favorecido al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) en un litigio contra el municipio por aportes sindicales y de obra social. El fallo rechazó el recurso extraordinario interpuesto por los abogados municipales y otorgó el derecho del gremio a cobrar una cuantiosa deuda por aportes nunca depositados. Si bien la sentencia no precisa las cifras, la conducción del Soyem aseguró en una reciente declaración que el incumplimiento del municipio acumula unos ocho millones de pesos. La deuda del municipio con el gremio tuvo numerosos vaivenes, al ritmo de la crisis económica que jaquea en los últimos años a las cuentas públicas. La gestión anterior acordó con el Soyem el compromiso de liquidarle una suma diaria de 10.000 pesos, para achicar el pasivo, además de la entrega de un terreno de 50.000 metros cuadrados. Aún así la deuda no paró de crecer y el diferendo terminó en la Justicia. El municipio alegó que el acuerdo ponía freno a la moral y también cuestionó la “legitimación” del Soyem para reclamar el aporte a la obra social de 1,5% de los sueldos de todo el personal, y sostuvo que el dinero no era para prestaciones médico asistenciales. Respecto de esto último, el juez Sergio Barotto hizo notar que esa imposición, que triplica el aporte sindical, está previsto con toda claridad en el artículo 109 del Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales, aprobado por ordenanza en 1988. El juez observó que la cuestión recién fue “introducida” por el municipio en el recurso extraordinario, ya que no lo había planteado en la primera instancia. El Soyem argumentó que los aportes de “obra social” están destinados a fines solidarios como la compra de remedios, turismo, mutual, préstamos personales y otros servicios, distintos a los de salud, que están a cargo del Ipross. “Tal afirmación no fue desmentida por la demandada (el municipio)”, según se encarga de subrayar la sentencia.


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