Río Negro tiene 17 empresas estatales con muy pocos controles

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Las empresas y sociedades del Estado rionegrino conforman 17 estructuras, tienen casi 1.300 empleados, medio centenar de autoridades remuneradas y manejan cerca 80 millones de pesos anua-les. La masa salarial anual de las empresas supera los 20 millones y acumulan otros 2,3 millones por honorarios a directores, síndicos, asesores y «retribuciones por servicios».

Salvo excepciones, las accio-nes de las empresas no condicen con las políticas del gobierno provincial. Se argumenta que las mismas se rigen por sus estatutos societarios. Esta cuestión -según Economía- habilita regímenes salariales propios. Así, por ejemplo, la mayoría abona salarios en pesos cuando en la totalidad de la administración pública se cancelan en Lecop.

Algunas registran superávit, pero otras exigen al Estado provincial subsidios por más de 3,3 millones de pesos anuales.

Tres sociedades -Edhipsa, Sapse y Aeronor- siguen gestionando sus liquidaciones que -en algunos casos- ya llevan dos a-ños. Esas estructuras gastaron cerca de 400 mil pesos el año pasado, aunque dos ellas no tienen personal. Las tres totalizan desembolsos por honorarios por más de 10 mil pesos mensuales.

El Estado rionegrino tiene participación mayoritaria en 15 sociedades públicas. Este análisis excluye al Invap, que pertenece a la Nación y la provincia.

Economía nunca pudo ni qui-so avanzar sobre las empresas. Recientemente, el ministro de E- conomía, José Luis Rodríguez diseñó otra norma que promueve reformas en los estatutos que establezcan similares políticas salariales, contrataciones y de conducción (ver recuadro). Esa car- tera no es la única responsable. Desde hace meses, el Tribunal de Cuentas -que debe fiscalizar el funcionamiento de esas sociedades- mantiene en estudio una queja en relación con las estructuras empresariales del Estado.

En igual sentido, la Legislatu-ra mantiene en análisis un proyecto de las diputadas justicialis-tas Silvia Jáñez y María Rosario de Costa para liquidar Edhipsa, Aeronor y EMFOR SA. No sería suficiente, pero constituiría una decisión política fuerte.

Este informe de «Río Negro» de las empresas se basa en los da-tos aportados por Rodríguez a la Legislatura después de su interpelación. El documento del ministerio totaliza 748 páginas. Todavía no se conocen reflexiones legislativas sobre el mismo.

* Salarios propios: En cada empresa se argumentan razones societarias en la defensa de sus esquemas salariales, generalmente relacionados a convenios colectivos. Así explican haberes mayores a 5.000 pesos, mientras otras empresas consignan pasantías de 200 pesos. El promedio de los salarios brutos supera los 1.300 pesos mensuales, mientras en el resto del personal del Poder Ejecutivo ronda los 800 pesos.

* Límite confuso para varios: Los haberes de las conducciones -según el decreto 1.090 del año 2001- quedaron limita-dos al sueldo bruto del ministro aunque, realmente, depende también de la interpretación de cada empresa. Así, el vicepresidente ARSA, Fernando Erica lo establece en 3.600 pesos y los directores de Transcomahue lo fijan en 3.555 pesos, mientras que la remuneración bruta del ministro oscila de 2.800 a 3.300 pesos. Es más, el propio Rodríguez consignó que su haber bruto es de 3.283 pesos.

* Pocos Lecop: Los datos aportados por las empresas corresponden a diciembre pasado. A ese fecha, sólo tres empresas cancelaban sus haberes en Le-cop: Casase, Hiparsa y Sefepa. Altec afirmó que disponía de una combinación de letras y pesos. Economía reiteró que se trata de recaudación propia y responde a sus regímenes salariales, pero entendió que un criterio de solidaridad requería unificar la moneda de pago. El decreto alentado a-puntaría a ese objetivo.

* Jugosos honorarios: De los balances consignados, surge que las empresas totalizan casi 2,3 millones en honorarios a directores, síndicos, profesionales, asesores y por «retribuciones de servicios de terceros».

Altec -según su balance 2000- tiene un promedio salarial mensual de 168 pesos, según el plan-tel informado. Un incremento del personal puede explicar el error salarial. Pero, comparando rubros del mismo balance, los honorarios de Altec se aproximan a 124 mil pesos, que equivale a casi al 60 % de la masa salarial total. Río Negro Fiduciaria abo-nó honorarios que equivalen a la mitad del costo de su personal.

Pero el monto más importante del rubro pertenece a Transcomahue -que bajo la designación de «servicios de terceros» en Administración- llegó a 465 mil pesos, un 45 % del gasto de personal. Horizonte rondó los 389 mil pesos y Viarse registró casi 285 mil por «honorarios y retribuciones de servicios».

La deficitaria Hiparsa sumó 265 mil pesos por gastos de las autoridades, así como por «retribuciones de servicios en Sierra Grande y Capital Federal». Sefepa se aproximó a 249 mil pesos con honorarios por «sindicaturas, técnicos y profesionales». ARSA consigna 171 mil pesos por «honorarios profesionales».

* Costos diferenciales: Un parámetro de la discrecionalidad de los valores de los servicios profesionales corresponde a los pagos de síndicos. Transcoma-hue abona 2.100 pesos y Viarse 1.950 pesos por mes. En cambio, Hiparsa y Horizonte pagan a los suyos 1.300 pesos y Casase abona 900 pesos, siempre por igual servicio. Ni hablar de las empresas menores -como Emfor- que consigna 1.000 pesos anuales. (AV)

Economía no pudo o no quiso controlar

Las empresas y las sociedades públicas están en órbita de Economía. Múltiples normas generó la gestión de Pablo Verani para regularizar o controlarlas, pero sus resultados siempre fueron acotados.

En los últimos días, ese Ministerio diseñó un proyecto de decreto -que todavía no está en vigencia- para procurar por enésima vez un efectivo monitoreo en esas organizaciones. En algunas -realmente- la cartera de José Luis Rodríguez no tiene incidencia, pero en otras se advierte la falta de decisión o gestión del Ministerio para la liquidación, disolución y regularización de los gastos en las sociedades estatales.

Estas entidades societarias cumplen con su propia política salarial, con estructuras de haberes propios y abonando incluso con pesos cuando el resto de la administración pública cobra en Lecop.

El secretario de Hacienda, Pablo Verani dijo a «Río Negro» que estas sociedades tienen regímenes y estatutos que no pueden alterarse directamente con simples decisiones de un gobierno.

Aún así, el funcionario anticipó que el gobernador firmará un decreto con el objetivo de «racionalizar el gasto y efectuar controles» para que se apliquen las medidas necesarias. Aclaró que «en los estatutos societarios existen una diversidad de criterios en la conformación de sus órganos de dirección, administración y fiscalización», por lo cual Economía pretende con ese decreto una «reestructuración que racionalice su composición y funcionamiento».

El proyecto de norma plantea dejar «sin efecto las designaciones de la totalidad de los representantes de capital accionario para intervenir en asambleas de toda sociedad». Esa decisión apunta a «modificar estatutos con el objetivo de fijar políticas salariales, de viáticos, compras y contrataciones». También, se evaluará la integración de directorios y sindicaturas.

El último intento de control de Economía también se diluyó.

En mayo del 2000 y a solicitud de la cartera de Rodríguez, la Legislatura creó la Sindicatura General de Empresas Públicas. Ese instrumento nunca se implementó porque se advirtió esa función correspondía al Tribunal de Cuentas. Pero ni uno ni otro se animaron en avanzar en las empresas públicas. (AV)

Liquidaciones, aportes y contratos cruzados

El proceso de liquidación de Sapse ya cumplió dos años (decreto 418 de abril de 2000). En igual situación está Edhipsa desde julio de 2001 (decreto 914). La empresa Aeronor -que pretendió la construcción del aeropuerto de Cargas de Roca- lleva también varios meses en liquidación y lo propio ocurre con Emfor SA para transferirla al sector privado.

Salvo esta empresa forestal (que registra cinco agentes), las otras no tienen personal, por lo que no hay costo salarial. En cambio, rondan los 150 mil pe-sos por honorarios profesionales.

El Estado mantiene con más de 400 mil pesos anuales a las cuatro estructuras por disolver. Edhipsa en el año 2000 -último balance- recibió por «ventas» casi 43 mil pesos y los gastos llegaron a 153 mil pesos, registrando un déficit de 110 mil pesos. Las erogaciones mayores corresponden a 60 mil por honorarios de administración y 21 mil por viáticos y movilidad. Además, casi 53 mil figuran como «servicios de terceros».

* Aportes: el Estado rionegrino subsidió con 3,3 millones a varias empresas. El listado consigna: Sefepa con casi 2 millones el año pasado; cerca de 900 mil para Hiparsa; Edhipsa llegó a 140 mil pesos; Ente Portuario tiene asignados 134 mil pesos; Aeronor sumó 122 mil pesos y Sapse requirió 65 mil pesos. Por otra parte, Altec recibe transferencias por sus servicios tecnológicos y Viarse por el mantenimiento de las rutas provinciales.

* Contratos cruzados: El contador Guillermo Fassano es liquidador de Sapse y de Aeronor. Según los datos de Economía, Fassano tiene un contrato de Sapse por 1.804 pesos mensuales y un reconocimiento de 2 mil pesos anuales por Aeronor para sus aportes fiscales. Además, es síndico titular de Horizonte, con un honorario de 1.300 pesos. Rodríguez y Fassano relativizaron esa particularidad porque se tratan de servicios privados.

También, el contador Luis Canderán figura como síndico de Aeronor (con una remuneración de 4.000 pesos anuales) y de Río Negro Fiduciaria SA, aunque esta sociedad no precisa en el informe si se le abona y a cuánto asciende los honorarios que eventualmente recibe. (AV)

foto: El ministro José Luis Rodríguez trabaja en una norma para unificar criterios, pero mientras tanto cada empresa tiene sus propias reglas