Se agrava situación de Jaime, Schiavi y Cirigliano

La Cámara procesó a los exsecretarios de Transporte por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo. Son delitos más graves que los que les había impuesto el juez.

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La Cámara Federal porteña agravó los procesamientos de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Confirmó el de los empresarios Sergio y Mario Cirigliano, y revocó el sobreseimiento del maquinista Marcos Antonio Córdoba y del exjefe de la CNRT Eduardo Sícaro, en la causa por la tragedia de Once.

La Sala II de la Cámara sostuvo que la tragedia, que se produjo el 22 de febrero y provocó la muerte de 51 personas, ocurrió por una “concatenación de eventos” en la que destacaron “una negligencia en la conducción y el estado del tren siniestrado” que “tornaron lo evitable en un suceso de enorme magnitud”, según el fallo.

Solicitó al juez federal Claudio Bonadío que eleve rápidamente la causa a juicio oral, para “posibilitar que la decisión final llegue en tiempo oportuno”.

La Cámara confirmó el procesamiento de Jaime, Schiavi, el exsubsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y el extitular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa, por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta, que tienen una pena máxima de 11 años de prisión, e impuso un embargo de 600 millones de pesos. Es un agravamiento de la situación de los exfuncionarios, porque el juez de primera instancia Bonadío los había procesado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tienen una pena máxima de dos años, y les había imputado un embargo de un millón de pesos.

Sícaro había sido sobreseído por Bonadío, pero la Cámara lo procesó.

Respecto de los exdirectivos de Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión de la línea Sarmiento, y de su empresa controlante, Cometrans, el tribunal confirmó los procesamientos de los Cirigliano y otros 17 empresarios por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta. Pero los benefició al quitarles el procesamiento por asociación ilícita, porque ese delito les fue imputado por irregularidades en el manejo de los subsidios públicos que recibieron de parte del Estado. (DyN)


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