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Seguridad ciudadana, en emergencia provincial

El bloque Progresista propone declarar la emegencia y crear un comisión interpoderes.

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Jorge Ocampos es uno de los autores de la iniciativa, junto a su compañero de bancada, Daniela Agostino. (Foto: archivo)

Inseguridad

Los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino, del bloque Frente Progresista, presentaron un proyecto para declarar la emergencia en seguridad ciudadana en la provincia.

Sostienen que el flagelo “afecta a toda la población y el gobierno de Rio Negro debe tomar cartas en el asunto”, en los fundamentos de su proyecto de ley.

Los legisladores adelantaron que la iniciativa establece un plazo de dos años y la posibilidad de extenderlo por un año más de ser necesario, y pretende declarar en la provincia la emergencia de la seguridad pública.

Además la propuesta parlamentaria impulsa la creación de una comisión interpoderes de acompañamiento y seguimiento de dicha emergencia. En la norma señalan que la inseguridad pública, es sin duda una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Ocampos indicó que “asistimos azorados al permanente crecimiento de los delitos contra la propiedad y la integridad de los rionegrinos y en especial de los delitos violentos y del crimen organizado centrado en el narcotráfico y la trata de personas”.

Consideró que “el problema de la seguridad pública no es sólo un problema policial, responde a múltiples causas confluyentes y como tal, debe ser abordado en forma integral con enfoques multidisciplinarios” y agregó “tampoco es muy constructivo enredarse en la disputa sobre “mano dura” versus “garantismo”, ambas posturas son insuficientes para resolverlo, además de sus implicancias negativas por sí mismas”.

El presidente del bloque explicó que “no creemos que se trate solamente de más policías, más patrulleros, más capacitación del personal policial o penitenciario, o mejor equipamiento, aunque todo esto sea necesario. El problema es mucho más complejo y profundo y exige la participación activa, responsable y comprometida de los tres poderes del estado provincial, ejecutivo, legislativo y judicial, de los estados municipales y de los organismos propios de la sociedad”.

También destacó que no se puede “caer en el análisis facilista y retrógrado de la estigmatización de la pobreza, pero debemos reconocer que la desigualdad social, la crisis familiar, la pérdida de valores comunitarios y sociales, la pérdida de expectativas, la carencia de proyectos colectivos que exalta el individualismo y el materialismo y el crecimiento de las adicciones especialmente en los sectores juveniles tienen incidencia en la inseguridad y deben ser atendidas con acciones globales con carácter positivo”.

Además, hizo referencia al sistema penitenciario provincial y señaló “es imprescindible también la redefinición de esta área”.

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