Sin responsabilidad del Iadep en un crédito

Préstamo a Geografías del Sur

NEUQUÉN (AN).- El Tribunal de Cuentas de la provincia declaró que no existió responsabilidad administrativa en seis integrantes del directorio del Instituto Provincial de Desarrollo Productivo, Iadep, que en el año 2006 dieron un crédito sin garantías suficientes a la firma Geografías del Sur que tuvo a su cargo el frustrado proyecto de crear un centro de estudios en el edificio del hotel Sol de los Andes en San Martín de los Andes. En un acuerdo que se publicó en el Boletín Oficial se resolvió que en el expediente sobre la rendición de cuentas del año 2006 del Iadep donde se había hecho un sumario, la declaración de inexistencia de responsabilidad administrativa patrimonial de Eduardo Martínez, José Luis Falleti, Rodolfo Kaiser, Rubén Andrián, Carlos Marina y Patricia Toncovich. El tribunal funciona con dos vocales designados: Hugo Acuña y Ana Esteves, y tres vocales subrogantes: Hugo Cervera, Facundo Ferroni y Rodolfo Oyarzábal. En forma paralela el tribunal de cuentas publicó un acuerdo que data de setiembre en el que se declaró la responsabilidad administrativa patrimonial de Adolfo Paine, exintendente del Partido Justicialista de Piedra del Águila, su tesorero Juan José Soria y su secretario de Gobierno Oscar Lillo por unas 23 irregularidades que totalizan $108.248. Además de la responsabilidad, el Tribunal los condenó a pagar esa suma en concepto de capital por el perjuicio fiscal ocasionado cuando comandaban los destinos del municipio en el año 2006. Se calcularon los intereses desde ese año a la fecha por lo que se le suman a ese monto unos $39.807. “Se hace saber que en el plazo de 20 días deberá proceder a depositar el total resultante en el Banco Provincia”, dice el fallo que está fechado el 26 de setiembre, bajo la amenaza de enviar los antecedentes al fiscal de Estado. Una actuación del mismo año le cupo al Tribunal de Cuentas en el análisis de la rendición de cuentas de la comisión de fomento de Villa del Nahueve. También en este caso declaró la responsabilidad administrativa patrimonial de Carlos Alberto Burgos, como delegado normalizador y de Hortencia Beatriz Rodríguez, secretaria y tesorera, “por el menoscabo a las arcas del Estado y que cuantifica la suma de $942.784”. A estos funcionarios también se los condena a pagar esa suma por el perjuicio fiscal ocasionado más los intereses estimados en $351.165. En este caso también se dio un plazo de 20 días y el acuerdo fue firmado el 3 de octubre.

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La empresa recibió fondos para un proyecto educativo en el hotel Sol, que nunca funcionó.