Defienden los alimentos genéticamente modificados

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Con la participación de cientos de asistentes quedó clausurado ayer en esta ciudad el IV Congreso Nacional de Bromatología Municipal e Higiene Alimentaria.

Uno de los paneles destacados de la jornada inicial abordó la problemática de los alimentos derivados de cultivos transgénicos. Los expositores invitados dieron amplios detalles sobre los avances científicos en esa materia y las características de los controles aplicados en la Argentina.

También atacaron con variedad de argumentos los intentos de legislar a nivel nacional, provincial o municipal (Bariloche es un caso testigo) sobre el etiquetado de alimentos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM).

El coordinador de Biología Molecular del INTA e integrante de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), Esteban Hopp, describió los protocolos seguidos en la Argentina para examinar y habilitar un nuevo productos del tipo OGM.

Aseguró que aun en Europa, donde existen las mayores resistencias, «las cientos de investigaciones realizadas no han conseguido demostrar daños a la salud de los OGM». Dijo que según los estudios, los alimentos con transgénicos tienen «equivalencia sustancial con su contraparte convencional».

Según Hopp, Argentina cuenta con un marco regulatorio sobre el tema que «se anticipó en varios años a las primeras denuncias de Greenpeace». A su juicio «existe una percepción distorsionada» sobre los riesgos atribuidos a los transgénicos.

El genetista explicó que «en realidad el gran disruptor del ambiente es el hombre» y advirtió que la manipulación genética existe «desde el inicio de la agricultura». Dijo que la tecnología de transgénicos se propone «producir todos los alimentos necesarios sin avanzar sobre los ecosistemas naturales».

Esta afirmación no parece coincidir con la expansión continua de la soja transgénica a costa del bosque nativo, según las denuncias documentadas por varias ONG y legisladores nacionales.

Martín Lema se presentó como miembro de la oficina de Biotecnología de la secretaría de Agricultura de la Nación y expuso que «no existen razones de seguridad alimentaria para etiquetar los productos con OGM».

Refirió que la legislación sólo obliga a incluir la referencia en el envase si se tratara de productos «no equivalentes». Pero dijo que según los exámenes realizados los OGM son «indistinguibles, como la lecitina de soja» o bien «equivalentes» a los convencionales, como los granos o harinas de soja y maíz.

Indicó además que la detección de componentes genéticamente modificados en un alimento «es imposible» mediante pruebas de laboratorio.

El especialista se preguntó, en caso de aprobarse una legislación que obligue a rotular, qué ocurriría con los alimentos vendidos sin envase o con la comida de restaurantes. «Sería imposible de aplicar», concluyó.

Fue más allá incluso al señalar que el etiquetado en condiciones tan conflictivas causaría «un prejuicio sobre el alimento, con indudables efectos socioeconómicos».

Con parecidos argumentos el abogado Pablo Morón, de la Dirección General de Alimentos, aseguró que el derecho del consumidor a saber «no estará satisfecho de ningún modo» con una etiqueta de alimento transgénico. «Si el producto es sustancialmente equivalente (al convencional), la información no es relevante para el consumidor y por el contrario, crea dudas injustificadas», alegó.

Desacreditó luego los intentos de legislar en la materia porque «no resultan adecuados para el fin que se dice tutelar».

Previamente, Lema se había referido a la situación puntual de Bariloche, donde años atrás el municipio aprobó una ordenanza que obligaba a identificar alimentos con sustancias transgénicas. La norma causó una fuerte reacción de funcionarios y empresarios, nunca se llegó a aplicar y luego fue derogada.

Pero la última reforma de la Carta Orgánica incorporó en su artículo 17 el derecho de los habitantes de obtener información que les permita conocer si los alimentos para consumo humano «han sido producidos o elaborados con materias primas naturales o modificadas genéticamente y toda otra característica y/o tecnología utilizada».

Según indicó Lema, «esa cláusula se cumpliría con un listado en el que diga que existen determinados productos genéticamente modificados, desde hace tanto tiempo y que son inocuos».

El Congreso de Bromatología concentró en dos días una nutrida serie de mesas redondas, cursos y disertaciones sobre control de plagas, microemprendimientos alimentarios y transporte de mercaderías, entre otros temas.

Gente de todo el país participó de los debates.